Ciudadanos y los fondos municipales

La financiación de los partidos políticos con fondos municipales fue un invento nacionalista, en el País Vasco y Cataluña, que los demás partidos se apresuraron a aceptar, naturalmente, porque se beneficiaron de él. La ley de financiación de los partidos políticos de 1987 no la contemplaba, por lo que, en esas dos regiones, funcionó bajo un manto de irregularidad que, aunque fue tempranamente advertida por el Tribunal de Cuentas, resultó tolerada durante bastantes años hasta que la Ley de Régimen Local de 1999 acabó legalizándola.

Desde entonces se ha extendido a lo largo y ancho de España sin que los ciudadanos sepamos muy bien cómo se emplean los fondos correspondientes. Y no es que se trate de unas subvenciones menores, de poca importancia, pues según nos informa la última fiscalización de estos asuntos por el Tribunal de Cuentas, referida a 2013, nos gastamos en ellas la bonita cifra de 53,7 millones de euros; o sea, el 27,4 por ciento del total de los recursos que las administraciones públicas dedican a financiar a los partidos políticos. El lector se puede hacer una idea de su importancia si tiene en cuenta que los ayuntamientos ponen para este asunto casi lo mismo que el Estado, aunque un poco menos que los gobiernos autonómicos.

Ahora nos enteramos de que Ciudadanos también ha entrado en el juego de la financiación municipal, cosa lógica porque ha empezado a tener poder en ese ámbito y, al parecer, no tiene inconveniente en beneficiarse de ello. Las últimas cuentas de este partido, referidas a 2014, que por cierto son muy parcas en cuanto al detalle, tal vez porque se teme que la información pueda ser leída con atención por los interesados, nos dicen que casi el 60 por ciento de sus ingresos viene de las subvenciones públicas. No sabemos, sin embargo, si son estatales, autonómicas o municipales, aunque supongo que habrá de todo.

Lo que sí sabemos, porque lo ha desvelado LA RAZÓN, es que los papeles internos del partido ordenan a las secciones locales de Ciudadanos que transfieran los fondos que reciben de los ayuntamientos a una cuenta centralizada abierta en una sucursal del Banco Popular –que, por si los lectores no lo conocen, es la única oficina bancaria de España especializada en la gestión de los dineros de los partidos políticos–. Y se añade que esos ingresos se dedicarán «al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electorales». Ello constituye una evidente irregularidad, toda vez que en el preámbulo de la Ley de Régimen Local de 1999 se señala que la dotación económica para los grupos municipales que en ella se establece, lo es para el funcionamiento de éstos y toma como modelo de su gestión la que regula el Reglamento del Congreso de los Diputados en cuanto a los grupos parlamentarios.

Alguna fuente de Ciudadanos ha negado que haya tal irregularidad e, incluso, que se haya dado semejante orden. Podemos creerlo o no, pero es fácil comprobar los hechos. La ley ordena que, de los fondos municipales, se lleve una contabilidad separada –lo mismo, por cierto, que establece el Reglamento del Congreso para la dotación que otorga a los grupos parlamentarios–. Sería un ejercicio de verdadera transparencia que Ciudadanos se tomara en serio lo que predica en su programa de regeneración institucional y pusiera a disposición del público las contabilidades de sus grupos municipales. Sólo así sabremos la verdad de este asunto, porque lo que está claro es que el Tribunal de Cuentas no va a hacer la indagación correspondiente.

* Catedrático de la UCM