Convenios colectivos
De los privilegios al chantaje
Los sindicatos mayoritarios han aprovechado la celebración del 1 de mayo para dar un puñetazo encima de la mesa de negociación salarial: o la patronal acepta revalorizaciones salariales indexadas al IPC o la renegociación de los convenios colectivos durante el presente año se convertirá en «un calvario». La amenaza no sólo expone un principio económico equivocado –a saber, que el conjunto de los salarios deben aumentar al ritmo del IPC– sino que también ilustra el disfuncional régimen laboral español. En primer lugar, el IPC es una media de los precios de muchos bienes de consumo distintos: algunos de esos precios pueden subir, otros estancarse y algunos incluso bajar. Por eso, no tiene sentido que todas las empresas apliquen una misma revalorización salarial: si mis precios caen y mis costes crecen, mi margen de beneficio se comprime y entonces deberé reducir mi escala de operaciones (despedir trabajadores y cancelar pedidos a mis proveedores). El incremento de salarios debería negociarse empresa por empresa, pues cada una de ellas se halla en una situación distinta a la del resto. Sin embargo, en España no sucede así en la inmensa mayoría de casos: los salarios, y el resto de condiciones laborales, se negocian industria por industria, sin posibilidades reales de que las compañías individuales se descuelguen de los convenios colectivos sectoriales. Es esta imposición regulatoria la que confiere a los sindicatos «más representativos» (UGT y CC OO) un enorme poder para negociar políticamente con la patronal (con el sindicato de empresarios). Y ahora mismo están utilizando ese poder político para amenazar con que, a menos que se ceda a su imprudente petición salarial, torpedearán todos los subsiguientes procesos de negociación colectiva de los cuales serán víctimas el conjunto de los empresarios que caigan bajo su ámbito de aplicación. Nuestro país necesita de una profunda liberalización laboral que traslade la negociación laboral desde los despachos de UGT, CC OO y CEOE al terreno específico y real de cada empresa y de cada puesto de trabajo.
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