Detener al golpista

El nacionalismo es peligroso, no sólo porque discrimina, sino porque se antepone a la convivencia pacífica, el cumplimiento de la ley o la economía de las familias. Nada hay más importante para una nacionalista que la nación y eso es, sencillamente, una obsesión. Combatir esta neurosis es un deber, porque no hay derecho a que se lastre la vida de una región ni se estreche de tal manera su horizonte intelectual y moral. El nacionalismo asfixia la libertad, porque detesta la pluralidad. Su norma es el supremacismo de los «mejores». O sea, una mentira. Del nacionalismo han surgido guerras mundiales y exterminios masivos de los «inferiores».

El viernes escribía un tuit Jordi Sánchez (o la persona que lleva su cuenta mientras él está en la cárcel): «En ningún lugar del mundo un juez o una decisión ministerial pueden cuestionar a un parlamento electo cuando propone un candidato a presidente. Esto se llama democracia y separación de poderes». Cuántos embustes juntos. Los golpistas no pueden ser presidentes de los países, simplemente porque están en las cárceles por orden de los jueces de esos mismos países. Precisamente la separación de poderes garantiza que un parlamento no infrinja las leyes ni imponga como presidente a un delincuente.

En estos días he oído a algún colega subrayar que Carles Puigdemont no ha sido condenado aún, que hay que respetar la presunción de inocencia. No estoy de acuerdo. No sólo porque nadie se puso tan exquisito el 23-F, sino porque no hay tal inocencia. Hablamos de in fraganti: el delito del ex president se vio por la tele, lo vimos todos, de modo que no cabe duda sobre él. El juez determinará el tipo penal y la duración de la condena, pero es incuestionable que se proclamó la ruptura de España y se arriesgó al país a una confrontación civil. Este hombre no puede ser el responsable de la ley en Cataluña.

La misma prevención «cuidadosa» se advirtió el jueves por parte del Consejo de Estado, que aconsejó esperar a la comisión del delito para impugnar el nombramiento de Puigdemont. Si el presidente del Parlament lo había anunciado como único candidato y la orden se publicó en el boletín oficial ¿se puede saber a qué había que esperar? Varios miembros del Consejo de Estado me han comentado que no están de acuerdo con lo advertido al Gobierno. Es más, el jueves tuvo lugar el Pleno del Consejo de Estado y nadie explicó que se estuviese sopesando un texto así. La deliberación fue tomada a solas por la Comisión Permanente, de la que apenas forman parte ocho miembros y el presidente, José Manuel Romay Beccaría, frente a la treintena total de integrantes.

Con humildad y sin pretender conocimientos jurídicos, me parece que tanto los supuestos defensores de la presunción de inocencia como el Consejo de Estado han decaído en el celo de la defensa de los damnificados, que somos todos los españoles. Una cosa es cumplir la ley escrupulosamente, la otra es incurrir en el formalismo.