Dos sentencias

Las ondas de choque, en la mecánica de fluidos, se suelen detectar por el aumento de temperatura. El anteproyecto de la Lomce ha provocado mucho calor en el nacionalismo catalán y vasco. Artur Mas ha hecho un llamamiento al «combate». Urkullu ha hablado de retroceso. Los niños catalanes que quieran van a ser escolarizados en castellano en colegios privados. El gasto se lo acabará cobrando el Gobierno a Cataluña. Es un modo original de hacer cumplir la ley. La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional deja claro que el catalán no puede ser la única lengua vehicular. Pero el nacionalismo no sólo ha saltado por la cuestión del idioma. La reforma supone que las asignaturas fundamentales sean controladas en sus contenidos y en su evaluación por el Estado y no por las comunidades autónomas. Lo que implica una auténtica revolución. En el nivel de calidad y en la recuperación de un proyecto cultural común para toda España. El Informe Pisa de 2009 destacaba que hay diferencias muy acusadas entre los resultados que obtienen los alumnos en las diversas comunidades. En algunos casos equivalen a un año y medio de escolarización. Con la nueva ley tendremos, otra vez, una historia común y resultados similares en todo el territorio nacional. Puesta en marcha la onda de choque, el Gobierno podría aprovechar la tramitación parlamentaria para hacer «el otro cambio» decisivo pendiente. El anteproyecto no modifica el modelo estatalista diseñado por los socialistas, a mediados de los 80, que considera de segunda división a los colegios de iniciativa social (los concertados). El sistema de conciertos es insuficiente y está sometido a la apetencia política de las CC AA. También en Alemania hasta 1987 sucedía lo mismo. Ese año el Tribunal Constitucional de aquel país sentenció que los colegios de iniciativa social no son un complemento de segundo orden en el sistema público. La tutela del derecho al desarrollo de la personalidad, según el fallo, implica que los niños adquieran su identidad en las comunidades propias. Lo que supone que los colegios creados por los padres o por la sociedad civil no pueden ser discriminados. El Gobierno haría bien en seguir la doctrina de esta sentencia. Aunque sea alemana. Hablamos de la libertad de los padres. Y va a hacer calor de todos modos.