El nuevo leviatán

Las recientes y constantes noticias sobre casos de corrupción están generando en la sociedad una sensación de intensidad de este fenómeno en España, a la vez que una gran preocupación. Creo que el hecho de que se conozcan y se investiguen casos, lo que nos tiene es que reconfortar con nuestro sistema; entiendo que a veces se produce un efecto contrario, el que se investiguen genera una mayor percepción de la misma. De la fortaleza de las instituciones democráticas, de su independencia, y del grado de respeto que a este funcionamiento interno tengan el resto de poderes instituidos o no, dependerá el éxito de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, la corrupción siempre será una amenaza, y obedece a una lógica perversa del propio ser humano; la corrupción en sí misma, es lo más opuesto que hay a los principios virtuosos que deben regir el ejercicio del poder en los estados democráticos, puesto que los autoritarios son corruptos en esencia. La globalización, la facilidad para la trasferencia de fondos y las vías trasnacionales de evasión, han reforzado el virus de la corrupción, pero como he adelantado, el lógico tratamiento mediático aumenta su onda expansiva. Este tratamiento mediático, siendo necesario, tiene un riesgo que hay que conjurar también; cuando esto sucede, los adversarios políticos, los propios rivales intrapartidarios y el periodismo sensacionalista se precipitan a ganar ventajas cortoplacistas, interfiriendo en muchos casos en la determinación de las responsabilidades jurídicas, políticas y también morales. Esto sólo se combate con un ejercicio responsable y profesional del tratamiento periodístico de los temas, así como político, buscando como fin el ayudar a la justicia y al debido esclarecimiento de los hechos, así como colaborando a la erradicación de los hechos corruptos. Ante los casos de desviación del ejercicio del poder, lo que se debe intentar por parte de todos, es construir un debate profundo y constructivo sobre el origen del fenómeno pernicioso, sus síntomas y su adecuado tratamiento y prevención. El sistema de partidos está en la misma esencia del sistema democrático, y resulta muy difícil, por no decir imposible, imaginar un sistema democrático, sin que las diferentes opciones e ideologías no se encauzaran a través de partidos políticos; sin los mismos, sería muy difícil expresar la opinión y voluntades colectivas, siendo sustituidos en tal caso, por predicadores, rapsodas y demagogos que habrían monopolizando el debate social, a través del dominio de los medios de comunicación. Ahora bien, los partidos no pueden perder su esencia democrática, plasmada en nuestro caso en el art. 6 de la Constitución –«Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política»– por contra, los partidos no pueden convertirse en unas empresas profesionalizadas de ejercicio del poder en régimen de absoluto monopolio, que acaban colonizando el Estado en su conjunto, y en definitiva a la propia sociedad. La forma de combatir este riesgo, además de generando un real funcionamiento interno democrático, es apostar por la absoluta transparencia en su gestión interna y en su financiación; el convertirse en gigantescas estructuras de poder y grandes empresas, obliga a sus responsables a procurar medios económicos de cualquier forma o modo, lo cual además se ve agudizado por los cuantiosos costes de las modernas campañas electorales. Al ser esto una nota permanente en todas las formaciones políticas, en la que las de nuevo cuño van poco a poco sucumbiendo, lo que se impone es una regeneración democrática, reforzado valores morales e introduciendo mayores controles jurídicos. Para ello, además de trasparencia, se impone en su funcionamiento y organización, la implantación de una adecuada política de prevención de riesgos de corrupción, tanto moral como jurídica, para lo cual se deben establecer específicos planes de prevención de riesgos, identificando el origen de los mismos y sobre todo estableciendo controles en la toma de decisiones que generan aquéllos. Por ello, una vez que se han identificado las fuentes del riesgo, que no es muy difícil, se deben establecer los controles necesarios para su evitación, lo cual exige la aprobación de estrictos códigos de conducta, la constitución de órganos específicos de control y exigencia de responsabilidad permanentes, esto es, que ejerzan su labor de una forma organizada, a modo de auditorías profesionales. Hay que cambiar el funcionamiento y cometido del Tribunal de Cuentas, transformándolo en una auténtica comisión reguladora del funcionamiento de los partidos políticos, la cual tendría que recabar y obtener información periódica de las actuación de aquéllos, como si se tratara de corporaciones empresariales cotizadas. Por último, se debe hacer una tipificación de genuinos delitos, cuyo bien jurídico no sólo sea el funcionamiento de la Administración Pública, sino y también el debido funcionamiento y comportamiento de los propios partidos políticos y de sus responsables, esto es, se debe identificar la conducta debida como un pauta de comportamiento exigible.