El último recurso

La aplicación moderada, pero fulminante, del artículo 155 de la Constitución será el último recurso para frenar en seco la secesión de Cataluña que pretenden Mas y Junqueras si su lista conjunta tiene éxito en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Ante el anunciado quebrantamiento de la legalidad no queda otra respuesta que ésta, con independencia de las responsabilidades judiciales de los principales promotores del desaforado reto al Estado de derecho y a la pacífica convivencia. No hay jurista serio que no vea correcta la capacidad del Gobierno para aplicar este artículo por primera vez, con el respaldo del Senado, e intervenir temporalmente la autonomía de Cataluña –no se trata de la suspensión– restableciendo la normalidad constitucional. Es una decisión arriesgada, pero cualquier otra sería peor. Esta intervención es obligada «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España». Más claro, agua. Tal como están hoy las cosas, la aplicación de esta norma especial, con el menor estrépito posible, parece verosímil, a pesar de que los constituyentes soñaron con que nunca habría que aplicarla. Si tal cosa ocurre, el Gobierno tomará el control y podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad, cortando en seco cualquier alboroto.

La arriesgada deriva de los nacionalistas independentistas de Cataluña está produciendo divisiones y desconcierto en la sociedad catalana y hastío y malestar en el resto de España. Ya cansa. La división alcanza de lleno a los votantes tradicionales y a los militantes de Convergencia Democrática, el partido de la burguesía creado por Pujol, que ahora queda diluido en un conglomerado de fuerzas izquierdistas y antisistema. Muchos afiliados están acercándose a Uniò Democrática de Duran Lleida y otros no saben por primera vez a quién votar. La descabellada aventura de Artur Mas puede conducir a la gran frustración del pueblo, con la ayuda de personajillos populares, que conocen mal la historia y saben poco de política. Y no es seguro, como parece que defiende el PSOE de Pedro Sánchez –que se niega a una alianza constitucional en un trance tan decisivo–, que la reforma constitucional propuesta para la próxima legislatura esté necesariamente destinada a ensanchar el poder autonómico para que los catalanes se encuentren más cómodos en España, sino acaso a ajustar mejor el poder del Estado central y de las autonomías para que no se repitan más esta disgregación y este peligroso desafío a la convivencia nacional a que estamos asistiendo perplejos.