Extracción desleal

Los administradores de una sociedad no son sus propietarios. El administrador no gestiona lo propio sino lo ajeno, de ahí que siempre persista el riesgo de abuso. En teoría económica se denomina «problema principal-agente» a esta dificultad: al principal (el administrado) le es en ocasiones complicado controlar al agente (al administrador), por lo que éste puede incumplir las órdenes del primero e incluso llegar a parasitarlo sin que sea consciente o capaz de evitarlo. Una de las formas de subsanar los daños que el administrador pueda llegar a generarle al dueño de una sociedad es el delito de «administración desleal» –aquellos comportamientos que desbordan las facultades conferidas al administrador de un patrimonio y que terminan provocándole un perjuicio al administrado–. Y si ya puede resultar harto complicado meter en vereda al administrador cuando existe un propietario interesado en fiscalizarlo, qué no sucederá cuando ni siquiera existe tal propietario y el administrador campa a sus anchas. Ésa era justo la situación de las cajas de ahorros: su naturaleza jurídica era la de fundaciones privadas con finalidad social y, como tales, carecían de propietarios claramente determinados. No es de extrañar, por tanto, que pasara exactamente lo que pasó: muchos de cuantos recibieron el encargo (político, para más inri) de administrar las cajas trataron de lucrarse con ellas mediante diversos mecanismos de extracción de rentas. Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrupción volvió a recordarnos algunos ejemplos de tales prácticas expoliadoras: Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj contribuyeron durante años a saquear Caja Madrid fijando arbitrariamente sobresueldos para sus directivos en contra, incluso, de lo acordado en el consejo de administración. La guinda del pastel a tal atraco llegó con el rescate bancario: al final, todos terminamos haciéndonos cargo de tan desleal administración. Ahora llega el momento de asumir las correspondientes responsabilidades.