La fuerza de la Ley

E n 1999, las últimas elecciones de Pujol, sólo ERC defendía la independencia sin tapujos. Hoy sólo el PP y Ciudadanos, dos partidos minoritarios en Cataluña, defienden el orden constitucional. La nación española, forjada en cinco siglos de historia compartida, enfrenta un desafío sin precedentes. Ya no es un farol la secesión catalana. Y de poco han servido los casi 40 años de cesiones permanentes para saciar la voracidad nacionalista. Nos equivocamos fiando el Estado de las Autonomías a su lealtad. Fue un error creer que menos España en Cataluña nos ahorraría este trance. Ninguna renuncia cobarde, ningún desistimiento medroso ha podido evitar que llegáramos a donde lo hemos hecho. ¡Y mira que lo hemos intentado! ¿Y ahora que la amenaza de la ruptura de España es una realidad? Nos tranquiliza el Gobierno con la ley y la Constitución. Como si la ley y la Constitución hubieran sido obstáculo alguno para el avance de la insumisión y la secesión en Cataluña. Es la libertad misma la que lleva años retrocediendo en aquella tierra española porque la ley y la Constitución han sido pisoteadas por los dirigentes catalanes sin que un Estado pusilánime hiciera nada por defenderlas. Ahí están las sentencias incumplidas del Tribunal Constitucional y del Supremo sobre la enseñanza en español. Ahí está la insubordinación ante la reforma educativa que pretende aprobar la mayoría de los españoles a través de sus representantes democráticamente elegidos. «¿Pondrán un guardia civil en cada aula?», desafió ERC a Wert en el Parlamento. Ésa es la clave. En democracia, la ley es la libre expresión de la voluntad mayoritaria. Pero es la legítima coacción del Estado la que garantiza su cumplimiento. Si es necesario, con el uso de la fuerza. Lo demás son pamplinas.