La Infanta tiene sus derechos

Por más que nos pese, mejor dicho, por más que les pese a algunos, España es un Estado de Derecho, en el que la Justicia, con sus aciertos y sus errores, conforma una pata del trípode en el que se asienta. Como se sabe, el Legislativo y el Ejecutivo son las otras dos. No son las apariencias ni lo que nosotros deseemos las normas que deben regir para imputar o no a la Infanta Cristina, sino lo que se puede demostrar, los hechos, como para cualquier otro ciudadano. En nuestra democracia ha de valer más el informe del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que las impresiones o las ganas de ver imputada a la hija del Rey, incluso si ese ardiente deseo proviene del juez. En este sentido, el Ministerio Fiscal ha vuelto a insistir, igual que hiciera en otro anterior del 14 de noviembre, en que no existen indicios incriminatorios para imputar a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de dinero. No queda otro remedio que creer en su recta actuación. Si no fuera así, el Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para demandarle, en ese caso, por su irresponsabilidad. La apariencia de verdad nunca puede ser la esencia de algo, mucho menos de la Justicia. Un axioma universal dicta que las apariencias engañan. Por tanto, no deben ser juzgadas. Como tampoco el odio o el amor conducen necesariamente a la verdad. Dejemos, pues, que la Justicia haga su trabajo y cumpla con su deber. Y de ninguna manera debe conducirse por juicios paralelos por más generalizados que estén. En este caso, hay demasiados que destilan aversión a la Monarquía sin querer atender a los grandes servicios que nos ha prestado y nos presta. Así es la vida.