La justicia de la venganza

Que la corrupción es un problema en nuestra sociedad, nadie lo puede negar, que se dé en la medida que algunos pretenden es otra cosa. A veces exagerar y hacer populismo se convierte, lejos de una solución, en otro problema que provoca que podamos errar en las medidas a adoptar. Nadie puede dudar que cuando alguien es hallado culpable de haber cometido un delito, los relacionados con la corrupción no pueden ser la excepción, se le debe imponer la pena adecuada una vez individualizada al caso concreto, y posteriormente debe ser ejecutada. Pero en la ejecución de la pena, y más si es privativa de libertad, no pueden ser soslayados los fines de la misma, y no puede olvidarse que el fin primordial es el de la reeducacion y reinserción social, de tal modo que ninguna pena puede cumplirse de una forma que sea contraria a estos principios. En definitiva, las penas privativas de libertad deben ser cumplidas conforme a la legislación penitenciaria, sin excepción alguna, eso sí adaptándose en cada caso a las circunstancias y condiciones de cada persona. Cuando el cumplimento afecta a algún político o personaje popular no pueden ser abandonados estos parámetros; querer convertir su cumplimiento en algo ejemplarizante en si mismo, como un símbolo, más allá de los principios de prevención general y especial, desnaturaliza la pena y la convierte en un instrumento de castigo que sólo busca satisfacer los naturales instintos colectivos de venganza, algo natural en los ciudadanos pero ajeno al rigor judicial. Los jueces y fiscales debemos ser impermeables a clamores sociales no juridificados, y que no resultan adecuados al estricto respeto a la legalidad, por más consternación que un hecho criminal haya generado. Los jueces sólo estamos sometidos a la Ley como única expresión de la soberanía popular que nos debe afectar.