Libertad para Leopoldo

La Razón
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Gracias a la confesión del fiscal huido de Venezuela Franklin Nieves, hemos sabido que el político opositor Leopoldo López ha podido ser condenado gracias a la aportación de pruebas falsas, lo cual convierte el juicio, además de en una farsa, en un grave atentado contra los derechos fundamentales del condenado, así como contra la irreconocible democracia venezolana, donde la división de poderes se ha convertido en una quimera. Hace tiempo tuve la oportunidad de publicar un artículo en el que describía la difícil situación de los jueces y fiscales venezolanos cuando se enfrentan a asuntos en los que tiene interés el Gobierno o está implicada alguna persona con influencia en el mismo. Cuando todavía vivía el inefable Hugo Chávez, cuando la jueza venezolana María Lourdes Afiuni fue detenida acusada de facilitar la fuga del país de Eligio Cedeño, empresario crítico con Chávez, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales; la juez denunció a través de su abogado que fue violada en prisión, quedando embarazada y viéndose obligada a abortar. Éste es el sistema judicial venezolano al que opositores y críticos con el sistema se enfrentan día a día, y ello debe ser denunciado. Modelos como el venezolano nos regresan a sistemas de estados totalitarios propios de otras épocas, si bien con un mayor peligro, puesto que, sustentándose en fraudulentas bases democráticas y generando una apariencia formal de división de poderes, legitiman todas sus decisiones, precisamente en los principios democráticos que la realidad cotidiana se encarga de negar una y otra vez. Llama la atención que el fiscal denunciante de la descomunal injusticia cometida con Leopoldo López formule su denuncia desde fuera del país para no estar al alcance del poder venezolano, habiéndose desplazado con su familia, a la vez que expresa el temor por su propia vida. Este hecho por sí mismo es de una trascendencia tal que en cualquier país mínimamente democrático el condenado ya habría sido puesto en libertad a la espera de un juicio rescisorio o de un nuevo juicio con todas las garantías, pero el problema radica en que la Justicia venezolana no está en condiciones de prestárselo. Ser juez impediente en Venezuela es una acto de valentía que puede castigarse con la destitución y con algo más, y esto sí que es negar la esencia de la democracia y de la independencia del poder judicial como base necesaria para la afirmación del respeto a los derechos fundamentales. Por ello, y aunque no podamos establecer ningún tipo de comparación entre nuestro modelo y el venezolano, cuando se critican nuevas leyes en España, lo cual es legítimo y necesario, no se debería acudir a argumentos tan poco afortunados como desproporcionados, consistentes en que se está atacando la independencia del poder judicial o que se están aprobando leyes de punto final, porque esto ocurre de verdad en otros países, y utilizar las mismas valoraciones para criticar situaciones tan distintas como distantes puede resultar desconcertante. La situación de Venezuela y en especial el uso de la Justicia para perseguir a opositores y críticos con el sistema exigen una repulsa internacional y, en especial, desde el mundo del derecho.