Presuntos imputados

José Varela Ortega, en un prólogo a los textos regeneracionistas de Joaquín Costa, decía que los partidos políticos del XIX eran poco más que pequeños colectivos de clientelas articulados de forma rudimentaria alrededor de cuatro ideas básicas tras las que se encontraba algún líder con habilidades de gestor y orador parlamentario; pequeñas agrupaciones que nacían al calor del casino en la provincia, o directamente de la mesa camilla, las tertulias de rebotica o notaría, la redacción de algún periódico... Así, los partidos que agrupaban a las dos corrientes políticas de la España ochocentista –progresistas y moderados– eran dos bandos constitucionalistas y liberales opuestos a «la alternativa absolutista que personificaban los pretendientes carlistas a la Corona y propugnaban violentamente sus facciosos partidarios en las montañas del norte» (sic). Ése era el panorama en una España «de ritmo pausado y calendario agrícola, de población ruralizada, analfabetizada y desmovilizada». El historiador decía estar convencido de que, a partir de 1918, comenzó a gestarse lo que él llama «una administración weberiana» formada por cuerpos administrativos «apolíticos, neutrales y meritocráticos, elegidos por oposición». Tal vez se iniciara entonces dicha administración, pero no parece que se haya completado el proceso. Actualmente, los puestos de trabajo creados por el Estado –que sigue siendo, como en el XIX, el mayor empresario que tenemos–, esos puestos que van «desde el portero de un ministerio, Gobierno civil o alcaldía hasta el subsecretario» parecen constituir aún la parte principal y legítima de lo que don José denomina «el botín del poder». Quizás por eso, entre otras cosas, tenemos más de 200 políticos imputados por corrupción en sólo cinco comunidades. La España de hoy, que ya no es tan rural –por desgracia, seguramente–, sigue presa de las rémoras atávicas de antaño. De las de antaño, y de otras nuevas. (Ay).