Primer paso

No pasa día sin que conozcamos un nuevo caso de corrupción consumada o presunta que salpica a un cargo público, a una administración, a un partido político o a un sindicato. No son delitos nuevos; algunos se han venido prolongando en el tiempo sin que se hayan tomado medidas contundentes más allá de la denuncia puntual, que en muchos casos se ha quedado en eso y poco más. Ahora, el Gobierno, que no es tonto y se ha dado cuenta de que la proliferación de especialistas en desapariciones y escapismo nos coloca en la diana europea, ahuyenta a los inversores y fomenta el cabreo del ciudadano, se ha puesto manos a la obra para atajar ese agujero negro por el que se nos ha escapado uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España.

La iniciativa, que abarca desde el control de las donaciones hasta la prohibición a los bancos de hacer la vista gorda a los impagos de los partidos, pasando por el control de sus tesoreros, era un paso necesario e inaplazable. Sin embargo, de poco va a servir mientras no se atajen los focos del problema, que son por lo menos dos: la ingente cantidad de empleados públicos nombrados a dedo y cuyo horizonte laboral está condicionado por los resultados electorales, y la falta de contundencia a la hora de castigar a los corruptos, a los que, en la mayoría de los casos, no se les exige devolver lo sustraído con sus intereses correspondientes. Ahora serán los señores diputados quienes, aparcando sus intereses partidistas, deberán apoyar con sus votos este primer paso aprobado por el Consejo de Ministros. Lo único que esperamos las víctimas del expolio es, aparte de que lo hagan, que éste sea sólo el impulso que les lleve a coger carrerilla para acabar con una plaga con la que llevamos conviviendo demasiado tiempo.