Promesas y deberes

«No he cumplido con mis promesas pero he cumplido con mi deber». Son palabras recientes del presidente del Gobierno a «The Economist». De su literalidad habría que deducir que cumplir las promesas electorales y el deber no van de la mano; es decir, que una vez elegido no forma parte de sus deberes cumplir con lo que dijo que haría desde el Gobierno. Pero caben otras interpretaciones.

Una es que la realidad que ha encontrado al llegar a la presidencia impide cumplir lo prometido. Esto es más aceptable, aunque cabría preguntarse si no era su deber conocer esa realidad; es más, visto a quien sucedía más que deber era su obligación dar por sentado que esa realidad sería más cruda que la oficialmente conocida. Otra sería que la Unión Europea ha impuesto unas exigencias ineludibles; eso sería una fuerza mayor que aparcaría temporalmente las promesas electorales. De ser así esa frase se catalogaría como desafortunada, no una perversión en la ética del ejercicio del poder.

Cambio de tercio pero no de toro. En su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia anunció que cumpliría el programa electoral para que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces: «ése es el espíritu de la Constitución añadió»- y no se podía mantener la imagen de politización del Consejo, ni que se asociase a cada vocal con el partido que le propone, concluyó. Tan clara era la promesa que la oposición saltó como una pantera y habló de involución, de que era la peor de las opciones.

El ministro fue claro y añadió que se sorprendía de que la oposición se sorprendiese de que un Gobierno cumpla el programa electoral, y lo confirmó el portavoz del Grupo Popular: «Que los jueces y magistrados sean quienes se encarguen de elegir la mayor parte, el grueso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial nos parece igualmente una magnífica decisión». Parecía que en cuanto a la Justicia los deberes de Gobierno no se divorcian de las promesas electorales. Sin embargo esa promesa se va a incumplir.

Si en el caso de la economía el presidente del Gobierno quedaría amparado en una fuerza mayor exculpatoria, en el caso de la Justicia no. El ministro ha apelado al consenso, pero cuando se sabe que para el partido socialista la elección parlamentaria es innegociable, el consenso no es razón sino coartada. Si esto es así ¿qué poderosa circunstancia justificaría tan palmario incumplimiento?

Quizás dos. Hace poco decía que cuando aflora la corrupción, sin diferencia ya de siglas ni jerarquías, el poder político quiere reforzar su ascendiente sobre las instituciones, en especial la Justicia. También que los derroteros sindicalizantes por los que discurren las asociaciones judiciales hacen poco aconsejable atribuirlas al gobierno de la Justicia, y esto último lo puedo entender.

Pero lo grave, más que el incumplimiento, es la confluencia de mentalidades. La izquierda suele ver a los jueces con recelo: lo lleva en su código genético y, además, con ellos ha topado más de una vez. En el mundo conservador el franquismo también receló de la Justicia y el conservadurismo actual se venía caracterizando por la indiferencia: en su firmamento son los intereses económicos los que ejercen de estrella polar y veía a la Justicia como una extraña galaxia que se podía evitar.

Pero empieza a haber puntos de encuentro. Así los jueces no les somos útiles ni a unos ni a otros. El poder político sí valora –y cuida– a esos cuerpos funcionariales que le sirven cuando gobierna; el juez es visto como un simple funcionario que nada le aporta, ve con indiferencia sus condiciones de vida y trabajo y, encima, incordia; pero conviene atarle en corto.

Las coordenadas de un juez profesional no pasan por acometer ninguna revolución pendiente; se identifican más bien con prudencia, reflexión, razón, sensatez, valores con los que –creía– se identificaba el pensamiento conservador y su modelo de sociedad. Por fin ha salido de su indiferencia hacia la Judicatura pero no para fomentar esos valores, sino para adscribirse al recelo y, además, proletarizando a la Judicatura. Y esto es más que torpeza, mucho más que incumplir el programa electoral: es ser, sencillamente, como los otros.