Reducir aforados

El aforamiento es un debate complejo que desde hace unos días se sustancia con generalidades y afirmaciones más propias de una conversación en una cafetería. Es muy interesante comprobar que todo el mundo tiene una opinión que defiende con gran vehemencia como si fuera un constitucionalista versado en Derecho comparado. Lo mejor es cuando se utilizan ejemplos de otros países desconociendo su sistema jurídico. Es parecido a cuando se afirma que los españoles opinan una u otra cosa. Cuando escucho en debates esa autosuficiencia me pregunto si los conocerán a todos. El aforamiento no es un privilegio sino una garantía frente a los intentos de utilizar la Justicia de forma partidista para atacar sin fundamento a un cargo público. Una cuestión distinta es cuando el procedimiento se emprende por actividades que nada tienen que ver con las responsabilidades públicas que ostenta. En este caso no tiene por qué existir ningún aforamiento y la competencia tiene que recaer en el juez predeterminado por la ley. Es cierto que hay algunos magistrados obsesionados por la prensa para así ser «jueces estrella». España tiene un exceso de aforados. En el caso de los jueces me parece algo realmente excéntrico y que es lo primero que se tendría que resolver. La protección debería afectar a un número muy reducido de personas, entre las que tiene que estar, por supuesto, el Jefe del Estado. La Constitución lo deja meridianamente claro. Esta situación tiene que incluir a la Reina, a Don Juan Carlos y a Doña Sofía, así como a la heredera de la Corona. A partir de ahí parece razonable que afecte al presidente del Gobierno y a los ministros y a los presidentes de los otros poderes del Estado y de las comunidades autónomas. El resto de cargos públicos deberían tener el juez predeterminado por la ley. Otra cuestión que se tendría que resolver es el uso de la Justicia por motivos políticos que no sucede en esos países que tanto gusta poner como ejemplo a los nuevos expertos en Derecho Constitucional. El legislador tiene mecanismos para impedir este tipo de prácticas que son un fraude de ley.