Lucas Haurie
Saludable intervencionismo
Si en algún momento cobra sentido que el aparato del Estado, hasta desde sus más altas magistraturas, se implique en el curso de la economía es en casos como el de Abengoa, primera compañía privada de Andalucía que da trabajo a casi veinticinco mil personas, alrededor de un tercio de ellas en España. La imbricación entre lo público y lo privado es aún demasiado grande en este capitalismo de tintes socialdemócratas que padecemos, por eso no sobra que un político interceda ante un banco (o ante cinco grandes bancos, uno de ellos generosamente rescatado) para que relaje sus condiciones con un deudor en apuros. Podrá parecer paradójico que unos sedicentes socialistas como los que gobiernan esta comunidad autónoma se sustraigan de la «plutofobia» imperante, ese odio a los ricos que mal disimula el mero rencor social y que barniza hoy a toda la acción política: es duro admitirlo, pero la chusma manda. Sin embargo, en Susana Díaz ha pesado esta vez más la responsabilidad y también el miedo a que la asfixia financiera de la empresa agrave el aspecto ruinoso de sus datos macroeconómicos. Éstas son las cuestiones que ni pueden manejarse con manos diletantes ni deben encararse con sectarismo. Comprender que el fabuloso chiringuito público (un 10% de la población activa andaluza mamando sólo de la teta autonómica, según desveló aquí mismo el sagaz MGQ) sería insostenible sin el dinero que aportan los contribuyentes netos, entre ellos los accionistas y empleados de Abengoa, está al alcance del menos espabilado. Lo ve un miope, lo percibe un sordo y lo entiende incluso un asesor de la Junta. Iba a poner que lo entiende hasta un votante de Podemos, pero no, ésos no entienden nada con tanto vocerío.
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