Salvar el teatro de Madrid

Está decidiéndose en estos días el paso a gestión privada de los teatros públicos de Madrid. La medida en sí no es mala y podría contribuir a aliviar la situación de las arcas públicas. Sin embargo, de no acometerse apropiadamente, podría ocasionar daños extraordinarios sin beneficio alguno. Desde hace décadas, Madrid es el primer centro de producción teatral de toda España. Cualquiera que vaya al teatro se encontrará en la butaca de al lado a un toledano, a un granadino o incluso a un barcelonés que huye de funciones que sólo se representan en catalán. Poco sabe el sufrido espectador hasta qué punto el espectáculo del que disfruta no sólo padece una delirante subida del IVA, igual en todo el territorio nacional, sino también una desleal competencia de provincias en el caso de los teatros del ayuntamiento. Éstos se nutren fundamentalmente de producciones ajenas a las que realizan los productores que, de origen valenciano, vasco o castellano, pagan sus impuestos en Madrid. Una de las razones principales es que, para el productor afincado en Madrid, la capital es su primera opción de estreno mientras que para el no asentado en la villa y corte se trata de una plaza de segunda opción o de «bolo». En el caso del productor que paga impuestos en Madrid con el tiempo de exhibición no puede amortizar su producción, mientras que para el foráneo es un complemento de lujo puesto que su primera opción ya la tuvo en su lugar de origen. Precisamente por ello, la gestión de los teatros públicos sólo puede entregarse en justicia a productores que tributan en Madrid. Las razones son varias. En primer lugar, concederla a una compañía de fuera –por mucho que se tape con una supuesta asociación con un productor madrileño – sólo serviría para que los impuestos que necesitan los caudales públicos salieran de Madrid y fueran a dar a otra CCAA. Es decir, se estaría empobreciendo a Madrid entregando la gestión a una entidad que tributa en otra autonomía. Por añadidura, jamás existiría reciprocidad ya que conocidas son las barreras lingüísticas que se alzan para impedir que las funciones de productores afincados en Madrid puedan estrenarse en determinadas CCAA. No se trata, pues, de favorecer al «madrileño» frente al forastero –entre los productores afincados en Madrid los hay de toda España– sino de que la medida revierta en beneficio de los que pagan impuestos en la capital que, por esta vez, no serían despojados en beneficio de otros.