Un monopolio público

AENA es una empresa pública: el 51% de la sociedad sigue siendo propiedad del ente público empresarial Enaire, de modo que el Gobierno hace y deshace a su gusto. Es verdad que la compañía fue sometida en 2015 a un proceso de «privatización» parcial: el 49% de su capital fue vendido a inversores minoristas y a un conjunto de accionistas «de referencia» (seleccionados cuidadosamente por el Gobierno) para hacer caja. Pero lo negativo de AENA ya no es sólo que sea pública, sino que además constituye un monopolio. Ella sola gestiona los principales 46 aeropuertos españoles, enfrentándose en la práctica a una nula competencia. Ambos vicios –la titularidad pública y la inexistencia de competidores– explican su gestión desnortada.

Por un lado, las empresas públicas no están incentivadas a ser viables en el largo plazo: dado que sus pérdidas son cubiertas por el Estado, sus objetivos suelen ser otros muy distintos y mucho menos nobles (por ejemplo, convertirse en refugios muy bien pagados para los amigos del poder político). Por otro, las compañías no sometidas a ninguna presión competitiva tienden a maltratar a los consumidores, dado que éstos no cuentan con ninguna escapatoria y son, en suma, rehenes del monopolio de turno. La paralización del aeropuerto barcelonés de El Prat es, en gran medida, una consecuencia de estas taras genéticas de AENA: el año pasado subcontrató el personal de los arcos de seguridad de El Prat a la empresa Eulen, la cual ganó el concurso convocado merced a los bajos precios demandados (23,1 millones de euros). Toda empresa privada sometida a la competencia del mercado es consciente de que las subcontratas a bajo precio son un arma de doble filo: a corto plazo, le proporcionan sustanciosos ahorros de costes al contratista, pero a largo plazo ponen en riesgo la calidad del servicio y, con él, la fidelidad de los usuarios finales.

En un país, como España, donde el derecho de huelga se halla normativamente hiperprivilegiado, semejante riesgo laboral no debería haber pasado desapercibido a ningún gestor medianamente avezado. Pero el status de empresa pública y monopolística de AENA ha llevado a que sus administradores descuidaran tan elemental cautela: blindados del cese merced a sus conexiones políticas, protegidos frente a las pérdidas por el respaldo del contribuyente y aislados de la disciplina del mercado por la falta de competencia, se limitaron a adoptar aquellas decisiones que a corto plazo parecían más beneficiosas para los accionistas que acababan de entrar en el capital de la empresa. Lección importante: cuando de privatizar se trata, privaticemos por completo y, sobre todo, liberalicemos el mercado. Privatizar parcialmente y mantener un régimen de mercado monopolizado sólo sirve para que el Estado, y las oligarquías que campan a su alrededor, siga haciendo su agosto a costa de ciudadanos y usuarios.