Yak-42

La Razón
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El 26 de mayo de 2003 murieron 62 militares españoles al estrellarse el avión Yak-42, que les traía de Afganistán, en el monte Pilab en Turquía, cuando se disponía a hacer escala. También murieron otras trece personas, que tampoco debemos olvidar, doce ucranianos y un bielorruso –pilotos, copilotos, ingenieros y otro personal del avión–. 75 familias se quedaron destrozadas ese día, y en España la conmoción fue tremenda ante una catástrofe de esa magnitud.

Han sido varios los procedimientos penales y civiles que se han seguido en Turquía y en España. En la Audiencia Nacional se dictó sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, condenando a tres militares por falsedad documental en la identificación de las víctimas. El Consejo de Estado en su dictamen establece, tal y como solicitaron en 2004 un extenso número de familiares, la responsabilidad patrimonial de la Administración, aunque rechaza indemnizarles por considerar que ya se ha hecho.

El dictamen del Consejo de Estado recoge los hechos declarados probados en los distintos procedimientos seguidos en España y en Turquía, como el siguiente: «No fueron las circunstancias relativas al estado de la aeronave las causas, ni directa ni indirectas, del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas... así como las condiciones de cansancio y estrés consecuencia de las primeras maniobras frustradas de acercamiento».

Con independencia de los errores humanos que causaron el accidente, y además de la inadmisible y delictiva identificación de los cadáveres cuyas responsabilidades penales ya se establecieron, el dictamen habla de las malas condiciones del avión, y la situación de riesgo en la que estaban las aeronaves de esas características. Eso es cierto, y debe ser reconocido por todos. La explicación no puede ser otra que ese vuelo y otros se contrataron con NAMSA –Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN–, y la lógica confianza en esa agencia pudo hacer que se relajara la labor de vigilancia y seguimiento de esos vuelos, creyendo que lo haría NAMSA. El hecho de que el coste pagado Defensa fuera de 149.000 euros, casi 4 veces más que lo percibido –36.500 euros– por la compañía UM Air, que operó el vuelo, indica que no se buscaba ningún ahorro en detrimento de la seguridad y que se había pagado un precio adecuado para disponer de un avión con más calidad que el que se utilizó, que tuvo un coste muy inferior debido a las diferentes subcontrataciones que se llevaron a cabo sin el inexcusable control de NAMSA, y tampoco del Ministerio de Defensa.

Hubo un informe del teniente coronel de infantería, D. Javier Merino, en el que alertaba de los riesgos de transporte en aviones de la antigua URSS, cuyo mantenimiento lo consideraba al menos muy dudoso. Y siendo verdad que los conocimientos técnicos del autor no eran relevantes, y también siendo cierto que el informe se realizó para valorar otras cuestiones, creo sinceramente que por la gravedad de las consecuencias que podrían producirse si la situación fuera como se decía, debió investigarse y comprobarse. Pero con la misma sinceridad creo que ese informe de un teniente coronel de infantería jamás llegó al Ministro de Defensa. Mantener lo contrario es no conocer, ni un poco, el funcionamiento de un ministerio ni del ejército.

No parece que el contrato de ese avión y de otros, que las familias de las víctimas llevan 13 años pidiendo hayan estado ni estén en el Ministerio de Defensa, porque además de los ministros de Defensa del PP, también hubo ministros socialistas, muy críticos con lo ocurrido, que tuvieron ocho años para entregárselos y no lo hicieron.

En este trágico suceso hay que dar a los familiares delas víctimas toda la ayuda posible, comprendiendo también sus manifestaciones, incluso cuando no se comparta alguna. Se puede estar de acuerdo o no con las sentencias judiciales y con el contenido de las 82 páginas del dictamen del Consejo de Estado, pero ateniéndose a lo que dicen, porque en asuntos tan graves como éste nadie debería inventarse lo que no dicen.