El éxito de la concentración del pasado domingo contra la amnistía es señal inequívoca de que no es éste un asunto menor, sino una cuestión verdaderamente nuclear, esencial en una democracia, sobre la que ningún Gobierno debería decidir sin tener en cuenta la opinión de los españoles. Y es nuclear porque estamos hablando de una medida –amnistiar los graves delitos del procés, entre ellos declarar la independencia de una Autonomía– que supone poner en cuestión al Estado de Derecho y la separación de poderes, al ser anuladas las decisiones del Poder Judicial. La amnistía, como han tenido ocasión de resaltar González y Guerra, significará poco menos que reconocer que España ha sido un Estado opresor con un derecho injusto donde no ha funcionado el imperio de la ley, sino la pura arbitrariedad al «perseguirse» a un independentismo catalán que no cometió delito alguno, y a cuyos líderes, considerados ya presos políticos, habría incluso que indemnizar por el daño causado. Conociendo a Puigdemont, no cabe duda de que ese sindiós se podría llegar a producir, teniendo en cuenta que tanto él como Junqueras proclaman que no delinquieron, no van a pedir perdón y que llegado el caso lo volverán a hacer sin dudarlo.

Eso y la cuestión fundamental de la igualdad. Estamos ante un atentado contra la igualdad de los españoles. Contra la igualdad de los territorios. Contra la igualdad dentro de la clase política y de los políticos con relación al resto de ciudadanos, todo ello para permitir que Sánchez siga en la Moncloa, no por mejorar la convivencia en Cataluña, como torticeramente se proclama.

Y es, además, un caso flagrante de auto-amnistía. Quienes violaron las leyes se van a auto-exculpar. Puigdemont se absuelve a sí mismo con su voto afirmativo (el de sus diputados) a la investidura de Sánchez, de manera que ni tan siquiera va a tener que comparecer en los tribunales como cualquier hijo de vecino acusado de vulnerar la ley.

Es tal el despropósito, tal la división que semejante arbitrariedad provoca en la sociedad española y dentro del propio PSOE, que lo coherente y democrático sería someter esa decisión al pronunciamiento de todos ciudadanos, máxime si como dice el PNV, lo que está en juego «en estas semanas decisivas» es «el modelo territorial». O sea, «la capacidad de decidir» a la que se refirió Urkullu para Cataluña, País Vasco y Galicia, en una reinterpretación de la Constitución cuya finalidad es instaurar el «Estado Plurinacional» al que hacen constantemente referencia Otegi y Junqueras. Ortuzar subrayó el domingo al respecto: «Ha llegado la hora».

Es por todo ello que reputados constitucionalistas sostienen que «la amnistía del 1-O es la antesala de un nuevo régimen», un cambio del actual estatus jurídico y político del sistema, bendecido por un Tribunal Constitucional «constructivista», de mayoría progresista, que interpretará la Carta Magna sin necesidad de modificarla. El lendakari propone que se haga a través de una «convención constitucional» cuyo planteamiento le parece «legítimo» a Bolaños y sobre cuyo fondo no se pronuncia el presidente en funciones.

Sánchez fue a elecciones el 23 de junio con un discurso radical contra el huido Puigdemont. Si su programa electoral era contrario a la amnistía, en puridad democrática no está legitimado para aprobarla sin consultar a los españoles.