In crescendo

Sobre la independencia judicial y su función han corrido y corren ríos de tinta. No es para menos: hablamos de la sustancia del Poder Judicial e identifica a un país como Estado de Derecho, como un país dotado de garantías frente a quien ostenta el poder. Fluyendo por esos ríos de tinta daremos con enjundiosos estudios, pero no exagero al afirmar que hay una idea básica de independencia judicial.

Esa noción elemental entiende por independencia judicial que, ante un conflicto y sin que interfieran otras razones, el juez resuelve según las normas que indaga y aplica siguiendo un sistema de fuentes del Derecho, en coherencia con una doctrina jurídica y jurisprudencia que conforman una cultura jurídica y con arreglo a unos estándares consolidados de interpretación. Es obvio que esa noción participa de un inevitable pensamiento minimalista y que la realidad es más compleja, pero explica, y quizás ayuda a entender, que la labor judicial no es precisamente sencilla.

Pero minimalismo al margen, sirve para poner el toro en suerte. A partir de esa idea o imagen maestra, elemental de independencia judicial, podemos adentrarnos en un bestiario que, in crescendo, lleva a variados relatos de cómo el poder político se las ingenia para que el conflicto no se resuelva en Derecho, sino según sus intereses. Me vienen no a la imaginación, sino a la memoria y a la contemplación de la realidad, las más variadas prácticas de torcer la voluntad del juez como puede ser comprarle, pero también –directamente o mediante sicarios mediáticos–, amenazarle, coaccionarle, insultarle o eliminarle social o profesionalmente.

El poder político puede actuar sobre un juez concreto, pero también sobre todos los jueces. En su arsenal cuenta con nutrido muestrario de armas de destrucción masiva: jubilaciones anticipadas, selección de jueces según apetencias ideológicas, traslados forzosos, ejercicio del poder disciplinario, recorte de sueldos, control del gobierno judicial, etc. O técnicas de ingeniería procesal, sin olvidar otras armas como, por ejemplo, entregar la investigación de los delitos a fiscales gubernamentalizados, suprimir la acción popular o adueñarse de la ejecución de las resoluciones judiciales.

Una forma de incidir en la acción de los tribunales es el ejercicio de la potestad de indulto, admisible si se ejerce correctamente, es más, no pocas veces lo es: es la última manera de dar sentido a la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico más allá del cometido de los jueces. El Estado perdona una pena, en todo o en parte, pero queda claro que el indultado ha delinquido: no se oculta su delito, se perdona. Indultar indudablemente incide en la acción de los tribunales, pero, insisto, bien ejercido ayuda a que el Estado haga Justicia; cosa distinta es que se ejerza arbitrariamente para favorecer a los amigos: eso sería corrupción y un ataque al sistema de equilibrio de poderes.

Antes aludía al bestiario de relatos de terror político, nada imaginarios, sino reales y en esos relatos cabe ir a más en el ataque al Estado de Derecho. Porque peor que el indulto espurio es amnistiar al delincuente. Aquí ya subirnos de grado y estamos ante un delito sin juzgar. La amnistía silencia a la Justicia: le ordena que deje de juzgar, que olvide que se ha cometido un delito que es real y que se sigue castigando para el resto de los ciudadanos no favorecidos por el poder. El indulto no niega la independencia judicial –el juez ha hecho lo correcto, juzgar y condenar– la amnistía sí ataca esa independencia: impide al juez que ejerza su función, amordaza y maniata al Estado de Derecho.

Pero cabe ir a más en el bestiario de relatos de terror político-judicial hasta la máxima tropelía: que aun probado que hubo delito y condenado, se declare que, realmente, no lo hubo. Este trabajo suele encomendarse a la prensa goebbeliana y su vertiente jurídica a jueces ideologizados, comprometidos con el poder o, en fin, a órganos con potestad para enmendar a los jueces. Sean unos u otros, actúan al servicio del poder. Su función es alumbrar una posverdad, otra realidad que borre de la mente ciudadana delitos judicialmente probados y condenados. Armados de aparentes razones, lanzan coartadas cargadas de artificios jurídicos.

Lo idóneo depende del momento o del objetivo: de llegar tarde, se indulta; si la investigación está en marcha, se amnistía y si se quiere un borrado total, se reescribe la realidad. Métodos al margen, pobre país que padezca esta desgracia, que padezca a unos sirvientes que emplean las armas del Derecho contra el Estado del Derecho y no pasan de hábiles manipuladores que avergüenzan a los juristas. El mensaje es claro para los jueces: mientras trabajan y se esfuerzan, hay un sirviente del monarca absoluto que ya está redactando un decreto de indulto, o una ley de amnistía, o una sentencia que les desautorizará. La misma mente, diferente mano.

José Luis Requeroes magistrado.