Abuso del dinero público

El fraude de los ERE en Andalucía y el de los cursos de formación, que esta semana ha tenido el epicentro en algunos empresarios de Madrid pero que ha sacudido también a las principales organizaciones sindicales, crece entre el estupor ciudadano y la convicción de que es preciso llegar hasta el final en la investigación y de que estamos ante la oportunidad de conseguir el control estricto que la opinión pública demanda y que el Estado de Derecho necesita. La noticia de que la juez Mercedes Alaya impuso ayer una fianza civil de 29 millones de euros a la ex ministra y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez por su responsabilidad directa en el sistema ilegal de ayudas, que perduró más de una década en la Administración andaluza, ha puesto en perspectiva el enorme volumen del dinero manejado por los gestores públicos socialistas de forma presuntamente irregular. En paralelo, la operación policial en Madrid, que culminó con trece arrestados, entre ellos el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, y el empresario José Luis Aneri, ha colocado de nuevo el foco sobre el control de esos millonarios fondos públicos destinados a los cursos de formación. Aunque es cierto que la presunción de inocencia debe prevalecer en todo momento, y que sería injusto caer en la generalización –la norma es que las administraciones públicas cumplen con sus obligaciones de forma correcta y honrada–, no lo es menos que éstos y otros casos han demostrado que el sistema tiene disfunciones y que los controles no han respondido con la suficiente eficiencia. La realidad es que ha habido y hay carencias estructurales que, según indicios sólidos, han permitido que unos cuantos aprovechados sacaran un jugoso partido a costa del dinero público. El Gobierno era consciente del problema y promovió en 2012 un cambio sustancial en la normativa referida a la formación que tiene que ayudar a acabar con las corruptelas. Hay que ponderar como merece la voluntad política del Ejecutivo, pero además de estos indiscutibles avances regulatorios es obligado insistir en que el discurso de la ejemplaridad en el manejo del dinero público debe promover una tensión y una exigencia en todos los escalones de la Administración. Que la supervisión, la intervención y la inspección públicas funcionen con diligencia es un síntoma de salud democrática y una obligación, pero más si cabe para uno con altas cifras de desempleo y, en especial, con un elevadísimo índice de parados entre los jóvenes. Necesitamos más transparencia para evitar el mal uso de los 2.000 millones de euros al año en cursos laborales, fundamentales en la formación y capacitación de nuestros jóvenes, pero también que la Administración y la Justicia cumplan y depuren las responsabilidades correspondientes.