Acta acusatoria del caso Pujol

La formalización de la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción Nº31 de Barcelona contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola Llados, tiene, independientemente del itinerario procesal que determine la investigación, la virtud de ejercer como «acta acusatoria» de unas conductas que van mucho más allá del matrimonio querellado, contaminando –de momento, indiciariamente– a buena parte de las instituciones autonómicas catalanas en una trama de intereses tan intrincada que no permite distinguir lo público de lo privado. De la atenta lectura del «iter criminis» de la querella, cuyo texto completo hoy publica LA RAZÓN, es fácil deducir que el procedimiento incoado acabará por desbordar la jurisdicción barcelonesa para recalar en instancias judiciales más altas, probablemente acumulado al proceso abierto en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz, en el que ya están imputados por blanqueo de capitales y evasión fiscal Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercé Gironés. Porque la tesis de la acusación, sustentada en informes policiales y en los indicios recopilados en los dos procedimientos abiertos contra miembros de la familia Pujol Ferrusola –el ya citado de la Audiencia Nacional y el que se sigue contra el ex diputado Oriol Pujol por tráfico de influencias–, es que no se puede disociar la confesión del ex presidente de la Generalitat, en la que reconoce haber tenido dinero en el extranjero sin regularizar, del entramado societario de la familia. Se trata de una presunción que ya ha sido expresada por distintos sectores sociales, y que se asienta en hechos tan reveladores como que ese entramado societario citado por la querella estaba integrado por más de 80 sociedades. Pero si es legítimo preguntarse para qué necesita una persona como Jordi Pujol Soley, dedicada al servicio público, tal pantalla de firmas, también lo es dudar de la limpieza de una Administración que durante muchos años concedió contratos públicos a empresas vinculadas a la esposa del presidente de la Generalitat y a cuatro de sus hijos. Probablemente, la sociedad española esté asistiendo a los primeros balbuceos de un proceso judicial largo y complejo, que acabará por implicar a otros muchos actores, y que debe ser asumido por los actuales dirigentes de la Generalitat de Cataluña desde la responsabilidad de quien debe velar por los intereses ciudadanos por encima de consideraciones partidistas o de estrategia política. Artur Mas está, pues, obligado a colaborar sin reservas en el esclarecimiento de los hechos, y no sólo desde el ámbito parlamentario, sino aportando a los tribunales de Justicia todos aquellos datos en poder de la Generalitat que sean susceptibles de aclarar la verdad.