Al Rey hay que facilitarle una solución política

Su Majestad está desempeñando impecablemente la función constitucional de la Jefatura del Estado, administrando cuidadosamente los tiempos para facilitar las negociaciones de los grupos parlamentarios que aboquen a la elección del próximo presidente del Gobierno. Pero el hecho es que el margen de maniobra de Don Felipe VI está muy limitado por la Carta Magna y podría darse el caso –tal y como ha señalado LA RAZÓN– de que se agotaran las vías jurídicas previstas en el artículo 99 de la Constitución, que regula la elección del presidente de Gobierno. Es decir, que la literalidad de la norma invalidara el espíritu de la misma, que no es otro que el de impedir que se prolonguen las crisis gubernamentales. Dado que el Rey no puede obligar a ningún candidato a asumir una investidura sin otro objeto que el de que comience a correr el plazo legal para disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, deben ser los representantes políticos quienes faciliten una solución alternativa, fruto del mayor consenso posible, que permita repetir los comicios sin necesidad de que se produzca una primera votación de investidura. El Rey no puede sustituir la labor parlamentaria ni, mucho menos, la voluntad del Congreso. Se impone, pues, un acuerdo político entre políticos.