Argumentos para una ley

La pasada noche del sábado al domingo, el centro de la ciudad de Madrid, rebosante de traseúntes en esta época prenavideña, fue literalmente usurpado por la violencia de dos centenares de individuos, pertenecientes a grupos de la izquierda extrema, descolgados de una manifestación contra la futura Ley de Seguridad Ciudadana celebrada frente al Congreso de los Diputados y no autorizada, pero que, hasta entonces, había discurrido sin incidentes notables. Un vehículo de la Policía Municipal madrileña fue emboscado en la calle Atocha, zarandeado, y sus lunas destrozadas con palos y cascotes, con los dos agentes de servicio en su interior. La llegada de los refuerzos de la Policía Nacional fue recibida con lanzamiento de piedras, cohetes y botellas recogidas de los contenedores de vidrio convertidos en barricadas. Los incidentes se prolongaron durante horas por diversas calles y plazas, con incendio de contenedores y destrucción de mobiliario urbano, obligando a comercios, restaurantes y bares a echar los cierres para proteger a los clientes. Hubo una veintena de heridos –entre ellos 14 policías– y se produjeron siete detenciones entre los alborotadores, seis de de los cuales fueron puestos en libertad a las pocas horas, con orden de presentarse ante el juez cuando sean requeridos, según establece la legislación vigente. Esta sucinta descripción de unos hechos que vienen reiterándose en las grandes ciudades españolas y que casi siempre tienen como protagonistas a extremistas de izquierda, miembros de grupos extraparlamentarios antidemocráticos, deberían ser argumento suficiente para exigir que el Gobierno, que tiene encomendada la defensa de las libertades ciudadanas y la garantía del orden público, adopte las medidas legales adecuadas para impedir la ocupación de las calles por parte de estos vándalos. Es lo que ha hecho precisamente el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, mediante el proyecto de una ley que adecúa los instrumentos correctores a la realidad de una nueva violencia, en ocasiones mucho más cercanas de la guerrilla urbana que de las simples algaradas. Con la nueva legislación, que impone multas administrativas de 100 a 600.000 euros, de acuerdo a la gravedad de las faltas contra la libertad ciudadana y el ejercicio de los derechos individuales, se conseguirá que los inductores y protagonistas de los incidentes afronten las consecuencias de sus actos, una vez que la próxima reforma del Código Penal va a llevar a cabo una profunda revisión de la tipificación de los delitos y faltas. De lo que se trata es de garantizar la libertad de todos; quienes, desde el oportunismo político, distorsionan los objetivos de la reforma deberían explicar si lo que entienden por derechos de expresión y manifestación se corresponde con lo sucedido en Madrid el fin de semana.