Artur Mas, obligado a actuar

Poco a poco se va ampliando el dosier judicial sobre distintas tramas de corrupción pública que confluyen en Cataluña. Una nueva denuncia, que hoy revela LA RAZÓN, implica directamente al actual consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Felip Puig i Godes, por hechos presuntamente ocurridos cuando estuvo al frente de la Consejería de Obras Públicas, siendo presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol. De hecho, el relato que hace ante la Policía un empresario francés afincado en España nos remite directamente a la tremenda imagen del líder del PSC, Pascual Maragall, espetando en el Parlament a los miembros de CiU aquello de «ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento». Porque en la denuncia, que ya investiga el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se explica que el propio Felip Puig reclamó el pago de un 5 por ciento de comisión como condición para conceder al industrial galo uno de los contratos de obra para el puerto de Barcelona a los que concursaba. Con un hecho añadido, en principio más propio de otras latitudes, en forma de presión por parte de la agencia de detectives Método 3 para que el denunciante se mantuviera callado. Como no es el primer empresario que se anima a denunciar, a pesar de los largos años transcurridos, manejos irregulares de las administraciones públicas catalanas, podemos concluir que el estallido del llamado «escándalo Pujol», con su enorme repercusión en la sociedad, ha servido para despejar esa sensación de impunidad que, como una niebla, cubría la vida pública en Cataluña. Son, además, circunstancias y protagonistas que se repiten, como en el caso que nos ocupa, donde el consejero denunciado resulta ser hermano de un socio de Jordi Pujol Ferrusola, sobre el que pesan diversas acusaciones por evasión fiscal y estafa. Igualmente, la agencia Método 3 resulta ser vieja conocida de los medios de comunicación por sus estrechas relaciones con el «establishment» local. Mientras la comisión parlamentaria que investiga la corrupción en Cataluña trabaja con una lentitud que pareciera calculada, los distintos juzgados incoan procesos con un mismo denominador común. Tarde o temprano, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su partido tendrán que asumir la responsabilidad de deshacer una madeja de vinculaciones que sólo pueden apuntar en el sentido de la complicidad institucional. Sometida la sociedad catalana a una grave y estéril tensión por el desafío separatista; llamada, una vez más, a las urnas, tras unos años decisivos perdidos para la recuperación de una de las regiones españolas más tocadas por la crisis, ha llegado el momento de que la Generalitat deje de cubrirse en el victimismo y actúe en consecuencia. De lo contrario, serán los oportunistas de la política quienes se aprovechen.