Borrell no puede callar a un demócrata

No han podido ser más desafortunadas las declaraciones del ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con la advertencia, absolutamente innecesaria, de que no iba a permitir que la residencia de nuestro embajador en Caracas, donde se encuentra refugiado, en calidad de huésped, el líder opositor venezolano Leopoldo López, fuera a convertirse en un centro de «activismo político». No tiene que explicarnos el ministro Borrell cuáles son los usos diplomáticos en este tipo de casos, donde se espera de la persona acogida a la protección de un país tercero una conducta responsable, ajena a provocaciones gratuitas y que no sirva de excusa a una reacción intempestiva. Pero, de ahí, a ejecutar por delegación la violación de los derechos humanos de un representante político injustamente perseguido por un régimen dictatorial e ilegítimo hay un largo trecho. Por un lado, Leopoldo López se encuentra técnicamente en territorio español y, que sepamos, en España está vigente el derecho a la libertad de expresión, y, por otro, fue liberado de su arresto domiciliario por orden del único presidente de la República de Venezuela que está actualmente reconocido como legítimo por el Gobierno español. Por supuesto, entendemos los temores que pueda albergar el ministro Borrell ante la posibilidad, de momento remota, de una acción violenta contra la legación española por parte de las autoridades venezolanas. Pero, en cualquier caso, esa circunstancia vendría dada desde el mismo momento en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se unió, como no podía ser de otra forma, al resto de los países democráticos en el desconocimiento de las elecciones manipuladas por las que Nicolás Maduro detenta el poder y en el consiguiente reconocimiento como presidente interino de Venezuela de Juan Guaidó, elegido por la Asamblea Nacional, que es la única institución venezolana surgida de unas elecciones democráticas. Fue una decisión política y diplomática que, en principio, no admitiría medias tintas, pero la realidad es que se ha favorecido una situación de facto, de componenda, que poca ayuda práctica supone para el pueblo de Venezuela en su lucha por recuperar la democracia. Una lucha, hay que insistir en ello todas las veces que sea preciso, que los venezolanos están librando a cuerpo limpio y en la que miles de ellos ya se han dejado la vida, la salud o la libertad. Y que el ministro en funciones Borrell se coloque en la equidistancia, precisamente, cuando el mundo contempla la resolución de un pueblo dispuesto a liberarse de una tiranía, no es más que la concreción de la incoherencia que denunciamos. Ciertamente, el propio Nicolás Maduro admite este juego de sobreentendidos, consciente de que cualquier paso en falso, como sería ordenar la detención y encarcelamiento de Juan Guaidó, puede serle fatal. Pero lo que el dictador venezolano pretende no es más que ganar tiempo, con la esperanza de que una intervención más comprometida de Rusia y China le permitan superar la grave crisis de suministros en que se encuentra el país y acabe por desalentar la rebelión popular. No es, pues, momento para que España ponga sordina a los opositores, por más que el ministro se escude en razones de prudencia. Al contrario, es preciso reforzar la presión sobre el régimen chavista y, al menos, estar dispuesto a defender que ni Leopoldo López ni el resto de los representantes de la Asamblea Nacional venezolana hacen «activismo político» sino que tratan de ejercer sus derechos democráticos para recuperar las libertades perdidas. Ahora que el Gobierno de Maduro ha entrado en fase de descomposición, lo último que pueden hacer las democracias es prestarle el más mínimo atisbo de legitimidad.