Camino de la ilegalidad

Seis días después de haberse reunido con el presidente del Gobierno, Artur Mas cerró ayer el curso político con una comparecencia ante la Prensa para echar por tierra cualquier atisbo de sensatez o rectificación de su programa separatista. Y lo hizo con su método habitual: no respondiendo a la verdad y engañando a los catalanes. La primera mentira, no por repetida menos evidente, es que el referéndum «se celebrará y se hará de forma legal». ¿Cómo puede ser legal algo que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal y que el Congreso ha rechazado con el voto del 86% de los diputados? Artur Mas aduce la ley autonómica de consultas que se tramita en el Parlament. Pero se trata de una ley que debe estar subordinada al ordenamiento jurídico y constitucional del Estado. En caso de choque e incompatibilidad, como es el caso y el propio Mas reconoce, prevalece la legislación general. Es decir, el referéndum será ilegal por más que sus promotores insistan en lo contrario. Y en este asunto no es el Gobierno, como dice el sucesor de Pujol, el que está empeñado en poner obstáculos, sino que son los tribunales los que están obligados a vigilar el cumplimiento de la Ley. Dicho de forma más directa: si Artur Mas se empecina en seguir impulsando una iniciativa ilegal, tendrá que afrontar, como representante público, las consecuencias penales de su conducta, que podría incurrir en graves delitos, empezando por el de prevaricación y siguiendo por el de malversación de fondos públicos. Aunque el heredero de Jordi Pujol se resista a creerlo, malversar fondos públicos, extorsionar con el 3% de comisión a empresarios e instituciones y ocultar dinero en el extranjero son delitos muy graves, los cometa quien los cometa. Restarle importancia, como hizo ayer, al gigantesco entramado de corrupción creado por el clan Pujol, con sus insospechadas ramificaciones en todo el universo nacionalista, es inaceptable en la primera autoridad de Cataluña. Los catalanes, incluidos los que creyeron algún día en Jordi Pujol, no se merecen a un gobernante que trata de ocultar tan grave escándalo. Presumía ayer Artur Mas de que Cataluña impulsaba la buena marcha de España. Está bien que saque pecho, pero no por un éxito que no le corresponde. Al contrario, si la economía catalana repunta con fuerza es a pesar de la desastrosa gestión de la Generalitat y gracias al tirón del consumo de todos los españoles y a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy, pues Mas tiene cerrado el grifo de los mercados por insolvente. El dirigente nacionalista perdió ayer otra oportunidad, tal vez la última, para poner punto y final a un proceso insensato y gravemente lesivo para la convivencia en Cataluña. No lo hizo. A partir de aquí y a la vuelta de vacaciones, deberá asumir las consecuencias.