Cercados por los ERE falsos

La jueza Merecedes Alaya, que instruye el caso del fraude de los ERE, ha comunicado en un auto, que fundamentalmente busca salvaguardar el derecho de defensa, la existencia de indicios fundados de la comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros, en la persona de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán– y en la de cinco ex consejeros –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila–, todos ellos aforados por su condición de parlamentarios. Sin entrar en cuestiones jurídicas, lo que la jueza instructora viene a decir es que, a raíz de lo averiguado hasta ahora, se desprende la posible imputación por el tribunal adecuado, en este caso el Supremo, de los siete políticos socialistas citados, a los que se ofrece la oportunidad de personarse en la causa. Como en otras ocasiones del mismo tenor, y sin negar la gravedad que supone el asunto de los ERE, probablemente el caso más grave de corrupción pública de la historia de la democracia española, es preciso salvaguardar la presunción de inocencia de los notificados, evitando –como advierte el propio auto de Mercedes Alaya– que un juicio paralelo en los medios de comunicación transforme una imputación previa en una condena predeterminada. Cualquier otra postura significaría aplicar un doble rasero a los encausados, dependiendo del partidio político o la condición ideológica de los mismos. Pero la demanda de la coherencia debida tampoco puede limitarse por las mismas razones de oportunidad política. Como señalaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el problema de utilizar sectariamente los casos de corrupción, en lugar de buscar el acuerdo general para luchar eficazmente contra la lacra, es que un mediodía cualquiera surge la noticia y uno se queda sin discurso. Es lo que ha sucedido ayer con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo nivel de exigencia en los otros –incluso con la demanda reiterada de dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy– le obligaría a actuar en consecuencia, poniendo su cargo a disposición del partido. Rubalcaba, que puso la mano en el fuego por el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, hasta el punto de asegurar que nunca sería imputado, tiene una buena ocasión para reflexionar sobre el oportunismo político de su actuación en el caso del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y la conveniencia de rectificar. Debe ser la Justicia, actuando sin interferencias externas, quien dilucide las responsabilidades de los encausados. En este caso y en todos los demás. La utilización de los procesos abiertos como arma arrojadiza no ayuda al objetivo deseado por la sociedad española: poner coto a la corrupción.