Colau insulta la inteligencia de los ciudadanos de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho pública ayer su disposición a acudir a la manifestación separatista del 11 de septiembre, convocada en la Ciudad Condal por Omnium Cultural y la ANC, las dos plataformas que los partidos independentistas catalanes vienen utilizando para dar «cobertura civil» a su desafío al orden constitucional. En la entrevista que ha concedido a la televisión oficial de la Generalitat, la alcaldesa se justifica en la conveniencia de mostrar su apoyo a las instituciones de Cataluña, ante la deriva «recentralizadora y autoritaria del Gobierno», y en su doble cualidad de «autoridad del país» y primera edil de la ciudad anfitriona. Ambas razones, en el fondo meras excusas, parten de supuestos completamente falsos y, por lo tanto, suponen un insulto a la inteligencia de los ciudadanos a los que tiene el honor de representar, que son todos los barceloneses, con independencia de la opción política elegida en las municipales de mayo de 2015. Si ya es grave de por sí que un representante institucional se deje ver en un acto esencialmente sectario, las justificaciones de la alcaldesa son un monumento a la incoherencia y a la confusión. La manifestación que se prepara en Barcelona para el próximo 11 de septiembre tiene un objetivo de una claridad meridiana: promover la separación de Cataluña del resto de España. Ése es el núcleo de la cuestión y nadie puede llamarse a engaño sobre lo que significa apoyar la iniciativa de las plataformas convocantes. Si Ada Colau asiste a la manifestación en calidad de representante institucional, estará implicando políticamente al Ayuntamiento de Barcelona en el proceso independentista, pese a que la mayoría de los ciudadanos –resultados electorales cantan– no votó por partidos del ámbito secesionista. De hecho, ni la propia formación en la que milita la alcaldesa apoyaba la independencia de Cataluña. Tampoco sería admisible su presencia en la marcha a título individual, puesto que su función institucional le obliga a respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico establecido por nuestra Constitución, lo que se compadece mal con prestarse a marchar junto a quienes pretenden saltárselo. Ni están en cuestión las instituciones catalanas ni están en peligro los derechos de los ciudadanos de Cataluña –amparados por la Carta Magna como los de todos los españoles– ni las actuaciones del Tribunal Constitucional significan ataque alguno a la soberanía, puesto que ésta corresponde al conjunto del pueblo español. Ni siquiera se pueden discutir desde la más mínima seriedad las alegaciones a esa supuesta «deriva recentralizadora y autoritaria» del Gobierno, que sólo existen en el argumentario partidista del separatismo y en quienes se escudan en la fácil equidistancia, a la búsqueda del voto populista. Si Ada Colau quiere la ruptura de Cataluña con España no tiene más que decirlo y actuar en consecuencia. Es el respeto debido a los electores, que tienen derecho a saber a quién entregan sus confianza. Más ahora, cuando la alcaldesa de Barcelona pretende impulsar un proyecto de izquierdas en el que se agrupen formaciones no independentistas como Catalunya Si que es Pot, cuyo líder, Lluís Rabell, ya ha anunciado que no estará en la marcha de la Diada. Coherencia se llama.