Compromiso incumplido

La reforma de la vigente ley del aborto no era sólo uno de los compromisos electorales del Partido Popular, sino que entroncaba de manera directa con su ideario y con la sensibilidad de la inmensa mayoría de quienes le concedieron su voto en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 e, incluso, de muchos ciudadanos que optaron por otras fórmulas partidarias. Las encuestas de opinión siempre han sido muy claras en este asunto, con una mayoría sustancial (el 51 por ciento, según el sondeo de NC Report publicado por LA RAZÓN el pasado 3 de enero de 2014)) a favor de una ley de supuestos; un porcentaje que se elevaba hasta el 69,1 por ciento de apoyo cuando se trataba de garantizar los derechos de los no nacidos. Su reforma buscaba, además, la restitución del orden constitucional, vulnerado por la ley de plazos que había promulgado en 2010 –sin consenso político y frente a la movilización activa de amplios sectores sociales– el último Gobierno socialista. Una legislación que consideraba el aborto como un derecho de la mujer, con lo que conculcaba la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional desde 1985, en virtud de la cual la vida del no nacido está amparada por la Constitución y que, asimismo, legitimaba el aborto eugenésico en contra del convenio de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos, que proscribe la discriminación por razón de minusvalía. En coherencia con sus principios y con la sensibilidad de sus votantes, el Partido Popular recurrió ante el TC la ley de plazos del PSOE e incluyó específicamente en su programa electoral el compromiso de su derogación. Ganador por mayoría absoluta, Mariano Rajoy confió la elaboración de la nueva legislación al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien cumplió el encargo con determinación y siempre desde la búsqueda del respaldo legal y ético de los distintos órganos consultivos del Estado. Como no podía ser de otra forma, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo Fiscal y el Comité de Bioética dieron luz verde al anteproyecto, que fue estudiado en el Consejo de Ministros, con la intención declarada de presentarlo al Parlamento como proyecto de ley antes de que finalizara el mes de septiembre de 2014. Ayer, sin embargo, el presidente del Gobierno anunció la retirada de la reforma del programa legislativo, aduciendo falta de consenso, con lo que, entre otras paradojas morales y políticas, se deja en vigor una ley que fue aprobada por un Gobierno socialista sin mayoría absoluta en la Cámara y en los estertores de su mandato, y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio partido que hoy gobierna España. Es evidente que en la decisión de Mariano Rajoy han debido de influir los cálculos electorales de algunos cargos públicos del PP que ven peligrar su reelección en las próximas convocatorias municipales y autonómicas electorales, cargos a quienes no sólo habría que reclamar una mínima coherencia con las ideas y las sensibilidades que defienden ante la sociedad la opción política que representan, sino también recordarles que la lucha contra el aborto y la defensa de la vida es una noble tarea, una batalla de siglos en favor de la civilidad, el humanismo y la igualdad de los seres humanos, por encima de concepciones religiosas o ideológicas. Una batalla que merece la pena seguir librando. Sí ha actuado con una coherencia que le honra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Su dimisión como miembro del mismo Gobierno que le encargó la tarea de llevar a buen puerto la reforma envía el mensaje claro y contundente a Mariano Rajoy de que los compromisos, sobre todo cuando están basados en convicciones profundas, deben ser respetados. Deja el escaño y la actividad política, con lo que se convierte en uno de esos, desafortunadamente, raros casos de responsables dimisionarios que anteponen sus principios al cargo. La confesión sobre su supuesta incapacidad personal para sacar adelante el proyecto de reforma no oculta su desilusión con la decisión tomada por el jefe del Ejecutivo, en contra de la buena gestión en la acción económica y de lucha contra la crisis. El gesto del hasta ahora ministro de Justicia no pasará inadvertido ante muchos de los votantes populares que, como advertíamos el pasado domingo, consideraban la reforma de la ley del aborto como una línea roja que definía unos valores del Gobierno basados en el derecho a la vida y la defensa de la libertad de la mujer. Su retirada supone un grave incumplimiento del programa electoral sin que, además, quepan aducirse justificaciones coyunturales o de excepcionalidad que, como en las medidas de presión fiscal, sí han sido comprendidas como inevitables por la mayoría de sus votantes. Pero éste es un incumplimiento que, sin duda, provocará el desconcierto del electorado y el retraimiento de sus votantes. Tal vez una buena ley de apoyo a la familia, como la que viene de ser anunciada, ayude a paliar los daños. Pero no es seguro en absoluto.