Deberes con claroscuros

La segunda revisión del programa de asistencia financiera a la banca española por parte de la Comisión Europea y del BCE ha deparado un informe de recomendaciones controvertido. En líneas generales, además de que está satisfecha con el grado de cumplimiento de las exigencias anteriores, Bruselas reclama a España nuevas decisiones que suponen insistir en las recetas conocidas para nuestra economía. Los objetivos son reducir el déficit, aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia del mercado laboral. En esa línea, la Comisión y el BCE han aconsejado aumentar la recaudación por IVA con la subida de algunos tipos reducidos, incrementar los impuestos medioambientales, especialmente los que gravan la energía, culminar la reforma del sistema de pensiones, incidir en la reforma laboral y reforzar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el control sobre las comunidades. Por supuesto, las recomendaciones no pueden interpretarse como exigencias, sino como un criterio que puede ser revisable y cuestionable. La respuesta del Gobierno se atuvo a la lógica de un contexto de recesión y no fue más allá de un respetuoso acuse de recibo. El Ejecutivo descartó todos los ajustes planteados por Bruselas, salvo modificaciones en pensiones. En este año no habrá cambios en el IVA ni subidas de impuestos ni más recortes en el gasto público. Entiende, y creemos que con razón, no sólo que la economía española se beneficiará este año de los efectos de los ajustes realizados en 2012, sino también que recrudecer la fiscalidad tendría pocas ventajas y demasiados inconvenientes. El análisis del Gobierno es acertado y su posición se atiene a la compleja encrucijada de nuestra economía. En un país con una contracción aguda de la economía, marcada especialmente por un descenso del consumo privado –6,5% durante el último trimestre de 2012–, un aumento impositivo resultaría contraproducente y retardaría la recuperación. Tampoco se actuará sobre el mercado de trabajo. La reforma laboral necesita tiempo y sobre todo un marco de crecimiento antes de someterla a revisión. La predisposición es, sin embargo, distinta en cuanto a las pensiones. Se ha planteado la negociación en el Pacto de Toledo de la revisión de las jubilaciones anticipadas y del factor de sostenibilidad. El Gobierno emplea el marco correcto y debe perseverar porque efectivamente el sistema tiene carencias y es vulnerable. Un mecanismo de reparto como el nuestro parece difícilmente viable con un ratio de dos trabajadores en activo por cada ciudadano pasivo. La relación actual es de 1,13. Como las tendencias demográficas también apuntan a un envejecimiento acelerado de la población, la reforma es imprescindible para preservarlo, como pide Bruselas y como entiende el Gobierno.