Decretazo educativo de Sánchez

Una vez más, la izquierda española se dispone a imponer sus postulados ideológicos educativos, que devienen en obsesión, aunque para ello haya que pasar por encima de los principios de libertad de elección y de conciencia que están consagrados en nuestra Constitución. Así, ayer, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció la derogación urgente de varios artículos de la actual Lomce, especialmente los que regulan la enseñanza concertada y la autonomía de los centros; propuso la creación de una asignatura de «valores democráticos» y estableció que la materia de Religión dejará de ser evaluable y de contar en el currículum académico. Estas medidas, evidentemente, se impondrán sin el consenso de los partidos de la oposición y en contra de la realidad social, que, lejos de demandar más ideología en las aulas, quiere una educación de calidad para todos los niños y jóvenes españoles, con independencia del centro en el que cursen sus estudios, de su origen socioeconómico o de la comunidad autónoma en la que residan. Es decir, lo que se pretendía conseguir con el Pacto Educativo, del que se apeó el PSOE con la pueril excusa de una financiación insuficiente que, ahora, el nuevo Gobierno se declara incapaz de proporcionar. Aduce la ministra, con el respaldo entusiasta de Podemos, que la enseñanza pública no puede ser subsidiaria de la concertada, ni, mucho menos, que esta última goce de facilidades de desarrollo bajo el concepto de «demanda social». Pero es un hecho incontestable que son cada vez más las familias que demandan plazas en centros concertados, mayoritariamente de ideario católico, y que no pueden afrontar, por su nivel de ingresos, el coste de la enseñanza privada. La Lomce trataba de ampliar el cumplimiento efectivo de la libertad de elección, favoreciendo la creación de nuevos centros educativos mediante la cesión de suelo público y garantizando su mayor autonomía. Era, además, una política eficiente, no sólo porque los centros concertados cuestan menos dinero a las arcas del Estado que los colegios públicos – 2.670 euros de media por alumno y año en los primeros, frente a los 5.348 euros de media por alumno y año en los segundos–, sino porque sus resultados académicos son mejores. Se pueden discutir, sin duda, las complejas causas que determinan estas diferencias en detrimento de la pública, pero ello no es óbice para que se reconozca el derecho de unos padres a procurar la mejor educación posible para sus hijos. No es, por supuesto, una polémica circunscrita a nuestro país. España tiene, junto con Dinamarca, Japón, Australia, Reino Unidos, Irlanda, Corea del Sur, Países Bajos y Chile, mayores porcentajes de enseñanza privada que el resto de la OCDE, y sólo Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia y Murcia están por debajo de la media española. Esta es la realidad que se quiere tapar con una reforma legal que vuelve a repetir los mismos errores de la anterior legislación socialista. Pero, en lugar de buscar el consenso, de procurar la excelencia y de abordar, desde la colaboración, los problemas del sistema, que en su mayor parte no se pueden atribuir a escasez de financiación, se elige la vía de la imposición. Con el agravante en el caso de la asignatura de Religión de que su fobia anticatólica va en contra de las preferencias de las familias, que en su mayoría eligen esta materia para sus hijos, y de los acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede. No sólo la asignatura de religión es compatible, incluso indisociable, con una formación en valores democráticos que son propios de un mundo occidental de raíces cristianas, sino que estos últimos deberían impregnar todo el espectro curricular de los alumnos. Lo demás es adoctrinamiento.