Defensa de los jueces en Cataluña

La situación enrarecida que se vive en Cataluña por culpa de los desaprensivos que lideran el «procés» está afectando con especial saña a una pieza clave de nuestro engranaje democrático. La Judicatura está sufriendo el acoso de los independentistas en diferentes grados y maneras, pero lo que resulta incontestable es el resultado cuantificable de esta ofensiva soberanista, tal y como publica hoy LA RAZÓN. El número de jueces que ha dejado el Principado ha aumentado en un 81 por ciento desde el comienzo del «procés», una cifra que ha encendido todas las alarmas en el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces va a instar al Ejecutivo a que se conceda un complemento especial a los magistrados que prestan sus servicios en Cataluña, como ya sucede en País Vasco y Navarra por razones de peligrosidad. No se trata de establecer comparaciones, pero baste recordar los episodios de agresividad y amenazas contra el juez Pablo Llarena y su esposa Gema Espinosa, también miembro de la carrera judicial y directora de la Escuela Judicial en Barcelona, para comprender de qué tipo de acoso estamos hablando.

Desde luego que la adopción de este plus adicional puede ser una medida que sirva de acicate a los magistrados en esta comunidad autónoma y les haga más llevadera la situación que han de afrontar a diario, tanto ellos como sus familias. Sin embargo, es preciso recalcar que se trata solo de un parche que no ataca la génesis del conflicto. El problema que subyace es mucho más grave y el Gobierno no puede continuar de espaldas a una realidad que está minando nuestro sistema democrático. No es de recibo que en un Estado de Derecho como el nuestro, los jueces salgan huyendo de una región que es como todas las demás, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. La presión independentista no puede campar a sus anchas dando lugar a una anomalía semejante. Solo el hecho de que no se cubran las plazas ofertadas en los juzgados y que se produzca un número muy superior de salidas que de entradas de jueces en Cataluña deja en evidencia al Gobierno. Su dejación de funciones está perpetuando una situación de todo punto inaceptable que no pueden hacer pasar como normal. Urge, pues, la asunción de medidas de calado que, efectivamente, reviertan el panorama en el Principado y pongan a nuestro Poder Judicial en el lugar que se merece y, sobre todo, en el que nos merecemos todos los españoles .

En este sentido, no estaría de más que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez empezara por actuar en el caso de la campaña que ha emprendido el president fugado, Carles Puigdemont, y los tres ex consejeros contra el juez Llarena en un juzgado de Bruselas. La Justicia ya ha amparado a Pablo Llarena por lo que califica de un intento «burdo y flagrante» de tratar de minar la independencia de un magistrado español, pero ¿qué están haciendo los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores al respecto? No puede dilatarse más la respuesta española ante esta repugnante operación de descrédito que, a la postre, está dirigida contra nuestra línea de flotación. En ningún caso puede quedar en entredicho la independencia de nuestro sistema judicial y esto es algo que el Gobierno debe entender como una prioridad porque es mucho lo que está en juego.