Desconcierto exterior

El ministro de Asuntos Exteriores defendió ayer ante el pleno del Congreso el proyecto de Ley de la Acción y el Servicio Exterior, instrumento con el que se pretende poner un poco de racionalidad al enorme desorden que preside el conjunto de las acciones de carácter diplomático impulsadas por las distintas administraciones públicas, desde los ayuntamientos hasta las propias Cortes Generales. El proyecto ha sido recibido con el rechazo general de los grupos de oposición –con especial virulencia verbal por parte del frente nacionalista– en una actitud meramente partidista que, no por reiterada, llama a la perplejidad. Realmente, no se entiende en qué perjudica a la acción exterior española un texto que sólo busca espacios de coordinación y racionalidad del gasto, que no pretende la supresión de las oficinas de representación autonómicas y que, incluso, carece de competencias sancionadoras para quienes incumplan algo tan básico y razonable como el deber de informar al Gobierno de turno de los viajes institucionales, acuerdos y protocolos que se lleven a cabo en nombre de alguna institución del Estado, como son los entes legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas. Pero frente al oportunismo partidista, más reprochable en un asunto de Estado como es el de la política exterior, es de suponer que prevalecerá el sentido común de la mayoría de los actores interesados, como demuestran los acuerdos de cooperación ya suscritos por las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Baleares. El preocupante estado de la cuestión se desprende de las cifras que ayer aportó el ministro García-Margallo, comenzando por el astronómico número de oficinas diplomáticas de las autonomías: 166. Desde 2008, los representantes regionales han llevado a cabo 931 viajes de carácter oficial, resultado de los cuales se han firmado 277 memorandos de entendimiento que, en muchos casos, ni siquiera se habían consensuado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La nueva ley trata de establecer un mínimo de coordinación y, además, ofrece los servicios y la experiencia de la red de embajadas al resto de las instituciones para hacer más eficaces sus gestiones. El problema, sin embargo, no es exclusivo del sector autonómico. Otros muchos departamentos dependientes del Gobierno central también mantienen sus líneas de acción exterior, hasta el punto de que el Ministerio de Exteriores sólo mantiene el control administrativo del 56% de los funcionarios españoles que trabajan fuera de nuestras fronteras. Los ministerios de Defensa, Economía, Justicia, Cultura y Educación tienen representaciones propias, con la inevitable duplicidad de funciones. A todo este maremagnun, caro e ineficaz, se trata de poner remedio, aunque desde la concepción aldeana de la política no se apoye.