Dos retos: Educación y empleo

El informe PISA dado a conocer ayer vuelve a situar el nivel educativo español muy por debajo de la media de la OCDE con un factor muy preocupante: se evidencia una mayor inequidad entre los estudiantes de las distintas regiones de España. Pese a que se detecta una leve mejoría en los resultados académicos, debida en buena parte al mejor comportamiento de los alumnos de la Comunidad de Madrid, los datos son peores que los de hace 13 años. La calidad de la Educación y el mercado de trabajo, mucho más imbricados de lo que pudiera suponerse, son los dos grandes desafíos a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno de Rajoy en una coyuntura de crisis económica sin precedentes. Ambos retos han sido abordados con decisión, mediante la puesta en práctica de una serie de reformas legislativas, imprescindibles a la hora de abordar el fondo de unos problemas de carácter estructural. En lo que se refiere al empleo, España es el país de la UE con el mercado laboral más frágil y, en consecuencia, en el que los puestos de trabajo se destruyen con mayor rapidez en cada cambio de ciclo económico. La respuesta fue, entre otras medidas, llevar a cabo una reforma laboral valiente, en la que hay que seguir profundizando, y los primeros frutos están ahí. Este mes de noviembre ha sido el primero en toda la serie histórica en el que se ha incrementado el empleo, con lo que se enlazan tres meses consecutivos de descenso del número de parados. No cabe duda de que, de haberse seguido la política inmovilista preconizada por la oposición, la tragedia del paro no hubiera hecho más que aumentar. Entre otras razones, porque algunos sectores industriales, como el del automóvil, no hubieran podido reestructurarse con éxito sin la flexibilidad que aportaba la nueva legislación. Y lo mismo reza para el sector exportador, beneficiado por el incremento de la productividad y las ratios de competitividad. Como la reforma laboral, también la recién aprobada Lomce responde a la necesidad de mejorar un sistema cuya ineficiencia es palmaria. Pese a que España dedica un 15% más que la media de la UE en gasto por alumno, tenemos un 25% de fracaso escolar temprano, un inaudito índice de repetidores del 33% y, como indeseable consecuencia, una tasa de desempleo juvenil del 57%, entre las más altas de la OCDE. La reforma de la ley educativa busca atajar los tres grandes problemas constatados en el sistema actual: la baja calidad de la enseñanza, la dispersión territorial y la ausencia de alternativas de formación para los alumnos que se muestran incapaces de terminar el ciclo educativo obligatorio. Y, también, ante este gravísimo problema, la respuesta de la oposición ha sido inmovilista, cegata y, lo que es peor, de una suficiencia prepotente que excluye la autocrítica.