El discurso de odio anima la violencia

No sólo roza la temeridad la reacción del presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, vilipendiando la actuación de la Justicia contra un grupo criminal, sino que revela, una vez más, el discurso de odio instalado entre los dirigentes separatistas catalanes, responsables, en último término si se quiere, de la violencia de persecución que sufre una parte de la sociedad que no comulga con las ideas nacionalistas. Raya, también, la estulticia, pretender que la Guardia Civil, actuando en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no ha reunido suficientes indicios y pruebas contra los presuntos terroristas detenidos, tras dos años de investigación de las actividades de los sospechosos, con seguimientos, intervenciones telefónicas y control de sus redes sociales. Pero, con todo, lo peor de la actitud de Torra, el máximo representante de las instituciones del Estado en la comunidad autónoma catalana, es la insensatez que demuestra un responsable político que incita a la desobediencia y al desorden, y justifica la violencia de raíz ideológica, en un país que ha sufrido durante décadas el más brutal de los terrorismos identitarios, como fue el de la banda etarra, y en una región que ya sufrió con el terror de Terra Lliure y el MDT la cristalización del mismo odio que hoy predica. Sí, juega con fuego el nacionalismo catalán si pretende que la intimidación puede torcer la decisiones de la Justicia española y cambiar el destino penal de quienes se alzaron contra la Constitución y la democracia, y se equivocan aquellos ciudadanos en Cataluña que justifican una especie de imposible «terrorismo blando» y que, como en los peores tiempos del País Vasco, salieron ayer a las calles en apoyo de quienes, cuando menos, desprecian los derechos políticos y la libertad de los demás. Porque de las actuaciones judiciales, todavía bajo el secreto de instrucción, se desprende que los nueve miembros de los CDR detenidos, algunos de ellos con antecedentes por actos de violencia, preparaban atentados con explosivos contra infraestructuras críticas, edificios estatales y, al menos, un acuartelamiento de la Guardia Civil, de impredecibles consecuencias. De hecho, si los CDR surgieron del seno de las juventudes de las CUP como un movimiento mimético de Jarrai y la «kale borroka», y con una denominación de claras reminiscencias castristas, era cuestión de tiempo que dieran el paso siguiente. Y lo cierto es que la Guardia Civil ha actuado para impedir la comisión de unos actos de puro y simple terrorismo que, además, se pretendían coordinar con movilizaciones callejeras y acciones contra la convivencia ciudadana en las fechas previstas para la notificación de la sentencia del «procés», que en estos momentos redacta el Tribunal Supremo y que, como no puede ser de otra forma, tendrá que ser acatada, cualquiera que sea su contenido. Pero, hay que insistir en ello, lo que no tiene parangón, es la reacción de las propias autoridades de la Generalitat, con su discurso sobre el Estado represor, cuando se habla de explosivos y de planes para hacerlos estallar. Hasta el discurso de odio del presidente Torra debería tener un límite en el sentido común y en el mínimo principio de precaución. Porque lo que se demuestra es que el separatismo catalán persiste en su fuga de la realidad, inmune a los hechos. Como si de lo ocurrido en octubre de 2017, cuando las previsiones constitucionales se cumplieron, abortando, con la Ley y sólo desde la Ley, el golpe antidemocrático, no hubieran obtenido la menor experiencia. Aunque, por supuesto, los ciudadanos de Cataluña pueden felicitarse. Las Fuerzas de Seguridad velan para que la lacra del terrorismo no llegue a instalarse, por más llamamientos insensatos a la violencia que haga Torra.