El ejercicio de la injuria

No deja de ser un ejercicio vil, que creíamos circunscrito en España al mundo del terrorismo etarra y sus sostenedores, argüir razones, justificaciones o excusas al asesinato. De hecho, la búsqueda de los móviles de un crimen no debería tener otro fundamento que el de su influencia en la calificación del tipo penal o, en su defecto, en la prevención de conductas. Sin embargo, en el caso de la presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, tiroteada por la espalda y rematada en el suelo, se ha repetido un fenómeno que, por su reiteración, debería alarmar a una sociedad capaz de albergar en su seno a individuos que, amparados en el anonimato de las redes sociales, no sólo extienden la calumnia y la injuria sobre las víctimas, sino que llegan a trasladar un estado de corrupción moral y social del país completamente alejado de la realidad que vivimos. Tal vez, habrá quien se consuele aduciendo que estos sembradores del odio sólo representan a una minoría de los usuarios de redes como Twitter o Facebook pero, independientemente de su número, la violencia moral e intelectual que generan en el común de los ciudadanos –amplificada en ocasiones, todo hay que decirlo, por algunos medios de comunicación– debe tener una respuesta firme por parte de las instituciones de un Estado de Derecho como es el español, en el que la libertad de expresión tiene rango constitucional, pero no ampara ni la exaltación del terrorismo, ni la incitación al asesinato ni la prédica del odio o la xenofobia y, mucho menos, la humillación de las víctimas. Es cierto que desde el actual Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se está tomando conciencia de la incidencia de estas conductas, claramente delictivas, como demuestran las recientes actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, al tiempo que, ayer, con motivo del inicuo asesinato de Isabel Carrasco, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba la apertura de una investigación sobre la identidad de los autores de algunos de los comentarios divulgados, que resultan especialmente graves. Pero es evidente que la respuesta policial debe ir acompañada de otras medidas de carácter judicial que ejerzan eficacia disuasora. También, que desde las instituciones sociales y políticas se adopte una actitud de «tolerancia cero» contra los energúmenos que pueblan las redes. Por supuesto, no se trata de poner trabas al uso de internet y a la libre difusión de ideas y opiniones, por muy críticas o excéntricas que puedan parecer, sino de hacer cumplir en el espacio virtual, que ya se ha hecho inherente a nuestras vidas, las mismas reglas y leyes que amparan la convivencia democrática y los derechos de los ciudadanos. De todos, lo que incluye a los representantes públicos y los dirigentes políticos, por supuesto.