El empresario no se fía de Mas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer una pregunta del senador por la Entesa José Montilla para reiterar la doctrina constitucional, frente al error de quienes creen que a base de concesiones se puede llegar a un acuerdo con los separatistas catalanes. Su intervención en la Cámara Alta debería acabar de una vez por todas con la estéril y, en muchos casos, interesada polémica sobre la manera en que el presidente del Gobierno maneja el desafío abierto por Artur Mas y su aliado de aventura Oriol Junqueras. Así, el planteamiento del problema queda en sus justos términos, puesto que no es posible abrir una negociación o una mesa de diálogo sobre una pretensión que, pura y simplemente, supondría el quebrantamiento de las leyes vigentes. En efecto, no son negociables ni la unidad de España ni la soberanía nacional, claramente definidas en los dos primeros artículos de la Constitución. De la misma manera, no es conveniente ni sensato abordar una reforma constitucional que no alcance, al menos, el mismo consenso con que se aprobó la actual Carta Magna y, mucho menos, para tratar de contentar a una parte que, por su propia naturaleza política, es de imposible contento porque su meta final es la independencia, es decir, la ruptura de la nación. La de Rajoy es la única postura razonable, más aún cuando la alternativa que plantean los socialistas, basada en un etéreo federalismo asimétrico –y, por lo tanto, contrario al principio de igualdad entre todos los españoles–, ni siquiera cuenta con la aquiescencia de la mayoría de los dirigentes del PSOE ni, por supuesto, de sus militantes. En definitiva, lo peor que podría hacer el Gobierno es abrir cualquier expectativa que, inevitablemente, sería manipulada por los independentistas catalanes, cuya fuga de la realidad no es posible alimentar si lo que se procura es el mejor futuro para Cataluña y para el resto de España. El callejón sin salida en el que se ha metido Mas no tiene más alternativa que la rectificación. Y una rectificación urgente porque las informaciones que llegan a LA RAZÓN describen la situación catalana en términos cada vez más preocupantes. No son sólo las grandes empresas como Freixenet las que se ven boicoteadas por el nacionalismo si reafirman su doble condición española y catalana, es que el tejido empresarial catalán ha perdido ya el crédito en los gestores de la Generalitat y acude a Madrid en demanda de seguridades del Gobierno de la nación sobre la viabilidad de la actual Administración autonómica y la veracidad de sus cuentas públicas. Una inquietud que se traducirá inevitablemente en el descenso de las inversiones en la comunidad cuando más necesarias son para el despegue económico, lo cual hay que atajar antes de que se enquiste la desconfianza en los sectores productivos.