El «pacto de la moción» acecha el 28-A

Todos los partidos coinciden en que las elecciones del próximo 28 de abril son especiales, que nos jugamos mucho, que el futuro de España está en las manos de sus ciudadanos. Así es, pero conviene introducir un punto de sosiego y racionalidad: la democracia española está consolidada, es fuerte y ha demostrado tener instituciones que responden a envites que no estaban previstos. Sí que es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez salido de la moción de censura ha marcado la línea que en ningún caso se debería haber traspasado: el pacto con los independentistas catalanes, por no hablar del apoyo simbólico de Bildu. Este fue un hecho que trastocó el mapa político y, sobre todo, el pacto entre los partidos constitucionalistas de situar como innegociable la soberanía nacional. De ahí que para unos partidos –PP, Cs y Vox– el mayor riesgo que se corre en estos comicios sea repetir la alianza entre socialistas, Podemos e independentistas, posibilidad a la que Sánchez no renunciará si necesita los votos para seguir en La Moncloa. Desde la perspectiva contraria, el PSOE y el conjunto de la izquierda confían en que el centroderecha no sumen lo suficiente, lo que supondría mantener la misma política sobre Cataluña basada en un confuso diálogo con los dirigentes independentistas que persisten en «culminar» lo iniciado el 1-O –tal y como han anunciado en una carta–, a la vez que le ofrecen su apoyo a Sánchez. Sobre esta cuestión central en las elecciones, en la que se van a contrastar el modelo territorial al que se aspiran los principales candidatos han dejado claro que estamos en un momento crucial que, como apunta Pablo Casado en estas páginas, «está en juego la continuidad de nuestro modelo de convivencia» y una forma de hacer política a base de decretos y cerrar los ojos hacia una ralentización económica que ya está mandando señales. Sánchez, Casado, Rivera y Abascal –Iglesias no ha querido compartir sus opiniones con sus adversarios y socios, siempre afectado por un protagonismo descortés y ridículo– han marcado el que sería el otro punto central de esta campaña, si todo fuera con la normalidad y responsabilidad deseada, la política fiscal, que tanto define a los partidos. En este sentido, el PSOE no introduce ninguna novedad y propone «reforzar la progresividad del sistema», una política clásica de la izquierda basada en que paguen más las rentas más altas, pero sin concretar el efecto real en la pequeñas y medianas empresas y en las clases medias. Suelen olvidar que los impuestos no se fijan por lo que se quiere recaudar. Por su parte, el PP se inclina a reducir el IRPF por debajo del 40 por ciento y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Es esa misma línea de rebaja de impuestos se mantiene Cs, que deberá concretar más, pues la reducción no siempre hay que hacerla en función del sector productivo, toda vez que España es el sexto país del mundo en cuanto al gasto fiscal que destinan las empresas. En cuanto a Vox, reducir al 22 por ciento el IRPF al 97 por ciento de los contribuyentes, lo que supondría suprimir por completo la progresividad fiscal, y desmantelar el sistema público de pensiones, que califica de «insostenible», es una alarde de ortodoxia ultraliberal, algo alejado de nuestros parámetros de protección social. En temas tan delicados como pensiones o inmigración es necesario que los partidos eviten el alarmismo, que suele ser una buena herramienta electoral, como también lo es ocultar la realidad con medidas tan demagógicas como las de abrir fronteras o acoger a los náufragos del «Open Arms» –pero sólo a ellos– como herramienta publicitaria del Gobierno. Estas elecciones pueden ser decisivas, pero los partidos no deberían perder el sentido de la realidad y proponer sólo lo que realmente se puede aplicar.