El riesgo para la economía está en el aumento de la presión fiscal

La decisión de relajar los objetivos de reducción del déficit público para los próximos dos años no es, desde luego, una buena noticia, entre otras razones porque supone prolongar el alto nivel de endeudamiento del Estado, que drena importantes recursos hacia el pago de intereses en detrimento de la inversión. Sin embargo, no parece que en las actuales circunstancias sea aconsejable para la economía española afrontar un nuevo esfuerzo fiscal –que es en lo que se traduciría el empeño de mantener los objetivos iniciales–, el cual, sin duda, supondría un parón en el crecimiento del PIB, muy dependiente de la reactivación del consumo interno. Pero, incluso, las nuevas cuentas que se ha hecho el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, los cuales proporcionan un «colchón» de 17.100 millones de euros para los ejercicios de 2016 y 2017, parten de una hipótesis probable pero cuya confirmación está sujeta a imponderables que escapan a la voluntad de cualquier gobernante, y no es el menor de ellos la amenaza de que se prolongue la inestabilidad política en España. En efecto, las previsiones del ministro de Guindos se basan en dos pilares: un aumento sostenido del PIB del 2,7 por ciento para este año y del 2,4 por ciento para 2017 –es decir, crecer lo mismo que la suma de Alemania y Francia, como en 2015– y que las distintas administraciones del Estado, especialmente las comunidades autónomas, cumplan con la regla de gasto establecida por Hacienda. De la solidez del primer pilar depende, como es obvio, que se cumplan los pronósticos de reducción del paro, con la creación de 900.000 puestos de trabajo y el reequilibrio subsiguiente de las cuentas de la Seguridad Social. La perspectiva actual, con un mejor comportamiento de la demanda interna y los avances del sector exportador, pese a las dudas que presenta el entorno internacional, permiten un cierto optimismo. Pero el segundo pilar está en manos de unos gobiernos autónomos que, salvo en tres casos, no sólo se han demostrado incapaces de afrontar sus responsabilidades en la contención del gasto, sino que manifiestan su voluntad de oponerse a las indicaciones del Gobierno central. Sin que podamos hablar de insumisión, a nadie se le escapa que las dificultades para financiarse que encuentran la mayoría de las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, podrían gravitar sobre la firmeza de un futuro Ejecutivo que dependiera parlamentariamente de partidos nacionalistas o de las nuevas formaciones populistas de izquierda. Porque, sin despreciar las consecuencias que tendría para la economía española el deterioro de la situación internacional, que da señales ciertamente alarmantes, el riesgo mayor para el futuro es la renuncia a mantener la disciplina fiscal y a perseverar en el programa de reformas. No creemos que haya otra vía. Frente a las críticas de la oposición socialista, que achaca la imposibilidad de cumplir los objetivos del déficit a la última reforma impositiva, lo cierto es que, como reconocen los organismos financieros internacionales, España es el único país de la UE que ha conseguido mantener el crecimiento al tiempo que reducía su desfase presupuestario. Y eso no hubiera sido posible ahogando el consumo y la productividad con más impuestos. Lo sabe Bruselas y nos dará el plácet.