En un estado democrático nunca existe un vacío legal

En un Estado democrático no existen los vacíos de poder ni la sucesión a la jefatura del Gobierno se mueve entre siniestras bambalinas, como sí ocurrre en las dictaduras, ya sean personales o de partido. Son las elecciones generales, de voto libre y secreto, las que determinan la composición de las Cámaras y, en suma, la investidura del presidente del Gobierno. Debería ser superfluo tener que recordar estos principios básicos de nuestro sistema constitucional, si no fuera porque algunas intervenciones públicas de dirigentes políticos pueden sembrar la confusión o la duda entre los ciudadanos. Nos referimos a las declaraciones del portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, quien, por su cargo, debería estar más versado en las normas que rigen la Administración del Estado y los reglamentos que regulan las funciones del Congreso y el Senado durante el interregno electoral. De lo contrario, no hubiera argumentado la necesidad de adelantar la convocatoria de las próximas elecciones en que «podemos enfrentarnos, en relación a Cataluña, a una situación compleja con un Gobierno en funciones», como si los mecanismos del Estado no estuvieran previstos para hacer frente a cualquier contingencia. Sólo a efectos puramente dialécticos, citaremos que las diputaciones permanentes del Congreso y el Senado, que se constituyen a modo de «órgano de guardia» hasta la formación del nuevo Parlamento, tienen encomendadas, entre otras funciones, las facultades de la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio a los que se refiere el artículo 116 de la Constitución, y que en lo que atañe a la aplicación del controvertido artículo 155 de la Constitución, que prevé la asunción de las competencias autonómicas por parte del Gobierno, quedaría en manos de la diputación permanente del Senado. Asimismo, el resto de las instituciones del Estado, como la Administración Judicial y los tribunales de justicia mantienen su actividad en todo momento, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No hay, pues, vacío de poder alguno, como parece temer el diputado socialista, ni creemos que la «difícil situación de Cataluña», en palabras del propio Hernando, derive en medidas extraordinarias. Por supuesto, el PSOE está en su perfecto derecho a la hora de reclamar un adelanto electoral, pero no a costa de extender innecesarias alarmas sobre una inexistente debilidad temporal del Estado. Y mucho menos, manipulando el proceso legislativo que se abre en Cataluña. Porque si bien es cierto, como señaló ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tras las elecciones del 27 de septiembre la situación en el Principado «es igual, si no peor», la cuestión de una declaración unilateral de independencia se aleja en el horizonte ante la contundente realidad de los votos. La máxima preocupación atañe al conjunto de la sociedad catalana, que lleva padeciendo desde hace más de un año la falta de un Gobierno efectivo en la Generalitat, incapaz de sacar adelante los presupuestos, con las consecuencias económicas por todos conocidas. Un nuevo periodo de inestabilidad, con el Ejecutivo resultante a merced de los antisistema de la CUP –muchos de los cuales hunden sus raíces ideológicas en el trosquismo–, sin duda frenará los esfuerzos necesarios para que Cataluña recupere la senda del crecimiento y vuelva a los niveles de bienestar previos a la crisis.