Grave ataque del Parlament a la democracia española

Si no se cumple la Ley, no hay democracia. No hay otro principio por el que debamos conducirnos en un Estado de Derecho. Quien quiera saltárselo de la manera que sea, haciendo uso de la coacción o reconociendo sólo la soberanía de una parte de la nación, debe saber que está atacando gravemente el orden democrático y, en consecuencia, los tribunales de justicia deben actuar. No estamos en una dialéctica entre legitimidades, la del pueblo catalán frente a la del pueblo español, sino ante la quiebra de un país y, con él, de la soberanía nacional, que recae en sus ciudadanos, incluidos los catalanes. En este debate ficticio no vamos a entrar ahora, pero conviene recordar que ninguna nación democrática aceptaría en su propio seno que una parte de ella se independizase haciendo valer su legitimidad en contra de la del conjunto del país. España es un país democrático y no lo debe permitir. El Parlament de Cataluña dio ayer un paso más, el más grave si cabe: la aprobación de la «desconexión» unilateral del resto de España. Supone, además, un desafío sin paliativos al Tribunal Constitucional, que advirtió, en una resolución del pasado día 19, tras la finalización del trabajo de la Comisión de Estudio y Proceso Constituyente creada en la Cámara catalana con tal fin, de que ésta no debería servir para detallar el plan unilateral de independencia. Por otra parte, y lo que es un desprecio sin precedentes, desobedece la sentencia del Alto Tribunal por la que anulaba y declaraba inconstitucional la resolución del Parlament del 11 de noviembre según la cual se ponía en marcha el proceso de separación «como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015». Si en aquella ocasión la mitad de Cataluña rompía con la democracia española por tan sólo 72 votos frente a 63, la decisión de ayer persiste en su intención de fracturar la sociedad catalana: ni un voto más a favor de los independentistas –sólo los de JxS y la CUP– frente a la negativa de la mayoría de grupos a participar en esa burla a la legalidad. La sesión fue un ejemplo del uso que el independentismo está haciendo de las instituciones y, en concreto, de la Cámara, puesta a su servicio gracias a la falta de imparcialidad de la presidenta Carme Forcadell, que se empeñó en llevar al pleno una votación que ignora la sentencia del TC, por lo que puede hablarse abiertamente de «fraude de ley».

La elección de la fecha de la aprobación del inicio de la «desconexión» para que coincida con las consultas del Rey para la investidura de presidente del Gobierno ha dejado claro que el papel del nacionalismo catalán en la política española es meramente instrumental para su estrategia secesionista, y, por otro lado, ha evidenciado que es necesario tener en estos momentos un Gobierno fuerte que haga frente a este desafío. Las fuerzas constitucionalistas deben cerrar filas en torno a la legalidad democrática y la unidad territorial y, sobre todo, evitar que este conflicto sea utilizado para dividir este consenso. El independentismo persigue la debilidad del Estado y de sus instituciones y el descrédito de los partidos, y basa su esperanza de alcanzar sus objetivos en transmitir la idea de que España es un país ingobernable, sin proyecto e incapaz de estar a la altura de nuestro socios europeos. El mensaje de que «España es un mal negocio», o de que impide el desarrollo de Cataluña, forma parte de los lemas publicitarios lanzados por los mesías del «proceso», y hay que rebatirlo con los hechos. Urge, por lo tanto, acabar con la inestabilidad política y formar Gobierno. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Gobierno decidirá mañana presentar ante el TC un incidente de ejecución contra la resolución del Parlament. Hay que partir del hecho de que la aprobación de la ruptura unilateral supone, según los planes de los secesionistas, un largo trámite situado fuera de la legalidad: la aprobación de «leyes de desconexión», convocatoria de una «Asamblea Constituyente», refrendo de dicha constitución... Está claro que este plan o se anula por parte del TC o abrirá un periodo de gran inestabilidad en todo el país. Nada más aprobarse el Brexit, muchos de los que en aquel referéndum votaron alegremente a favor de la salida de Reino Unidos de la Unión Europea reconocieron su arrepentimiento y su ignorancia de las consecuencias, además de admitir que habían sido engañados por los que querían «liberar a Reino Unidos del control de la UE». Para algunos catalanes, España representa lo mismo que Europa para algunos británicos. La propaganda separatista sólo crea monstruos.