Hacia una nueva Andalucía

Todos los indicadores económicos y sociales sitúan a Andalucía como la comunidad española con peores resultados. Incluso regiones limítrofes como Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, tradicionalmente afectadas por la desindustrialización y el paro, han conseguido invertir la tendencia e incrementar sus índices de desarrollo humano, pese a la incidencia de la crisis económica general. Así, la comunidad andaluza es la que menos hospitales, camas y profesionales sanitarios tiene por número de habitantes; la que menos dinero por alumno invierte en la enseñanza pública, con una tasa de abandono escolar cinco puntos más alta que la media nacional; la que presenta peores ratios de plazas en residencias de ancianos, y la que, frente a la recuperación económica experimentada por el conjunto de España, mantiene los porcentajes más altos de desempleados. Sólo el agotamiento de un modelo de gobierno como el que representa el PSOE andaluz, en el que las administraciones públicas han adquirido una excesiva influencia sobre las estructuras sociales y productivas, con clara tendencia al clientelismo, explica estas anomalías, que se hacen mucho más evidentes cuando se comparan con el mejor rendimiento de Extremadura y Castilla-La Mancha, hoy gobernadas por el PP tras décadas de hegemonía socialista, en las que las tasas de paro se han reducido más del doble que la andaluza. No se trata de glosar el enorme potencial económico de Andalucía –la comunidad más poblada de España–, que a nadie se le escapa, sino de reclamar un cambio profundo de las políticas seguidas hasta ahora por los gobiernos socialistas que se han sucedido a lo largo de los últimos 37 años. Esa nueva Andalucía que propugnamos exige un Gobierno sólido y estable, capaz de abordar las grandes reformas necesarias con decisión, transfiriendo al cuerpo social la mayor responsabilidad en la creación de riqueza. Sin embargo, la última encuesta pre electoral de NC Report, que hoy publica LA RAZÓN, ofrece una imagen muy fragmentada del futuro Parlamento andaluz, en el que entrarían dos nuevas fuerzas políticas –Podemos y Ciudadanos– en detrimento del PP y el PSOE que, a una semana de la cita, incrementan su intención de voto en un 0,2 y un 0,1, respectivamente. Un Parlamento autónomo ingobernable, que obligará a pactos con formaciones que anclan sus programas políticos en un acentuado populismo y que sólo conseguirá, en el mejor de los casos, prolongar un modelo ineficaz, cada vez más alejado de los parámetros nacionales. Corresponde a los electores andaluces, en especial a los que votaron al Partido Popular y hoy se declaran abstencionistas, cambiar las cosas. El nuevo futuro de Andalucía está en sus manos, no en los cantos de sirena de quienes prometen el camino más fácil.