Hacienda debe tomar el control de las cuentas públicas catalanas

En flagrante incumplimiento de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, publicado en el BOE el 22 de julio de 2017, que obliga a la Generalitat de Cataluña a presentar semanalmente los informes de gasto público, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda para comunicar que no habrá nuevas remisiones de información contable hasta después del 1 de octubre, fecha de la consulta ilegal. En la misiva, Junqueras no sólo se acoge paladinamente a la «Ley del Referéndum» aprobada por el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre –e inmediatamente suspendida por el Tribunal Constitucional–, sino que deja entrever su decisión de financiar con fondos públicos los gastos de su organización. Al menos, así se desprende de la literalidad del texto remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por Junqueras, que argumenta que la Cámara autonómica ha establecido un «régimen jurídico excepcional, destinado a regular y garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación» y que este régimen es «incompatible» con las medidas de control de gasto aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una vez más, la opinión pública española
asiste atónita al desprecio de las normas y leyes por parte de un representante público, miembro de una institución cuya legitimidad emana del ordenamiento constitucional y que por su posición está obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley. Aunque se han alzado voces críticas con la decisión del Gobierno de aceptar que fuera el propio Oriol Junqueras quien se responsabilizara de la remisión semanal de las cuentas, en lugar de los interventores de la Generalitat, que son funcionarios de carrera, lo cierto es que frente a la deslealtad y el cálculo es muy difícil precaverse. Sin embargo, existen los mecanismos legales necesarios, previstos incluso en el articulado del propio Acuerdo, para restablecer la actuación financiera de la Comunidad Autónoma catalana a la legalidad, incluyendo la posible suspensión de la financiación correspondiente. Amén del reproche penal en el que, de manera reiterada, incurre Oriol Junqueras, ya investigado por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la instancia pertinente dada su condición de aforado. Por supuesto, no se trata de privar a la Generalitat, que gobierna a todos los catalanes, de los fondos necesarios para mantener los servicios públicos y el normal funcionamiento de las instituciones autonómicas. Nadie lo pretende, y mucho menos el Gobierno de Mariano Rajoy que, a través de distintos mecanismos, viene garantizando la financiación de Cataluña desde el principio de la crisis, cuando el Govern, incapaz de financiarse por sí mismo, no podía hacer frente a los compromisos contraídos. Sin embargo, es evidente que ante la situación de abierta rebeldía en la que se encuentra la Generalitat, acogida a una legalidad espuria, no queda otra alternativa que retomar el control directo de las cuentas públicas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda y mientras persista la insumisión a las leyes de los representantes políticos catalanes. Los interventores del Estado y los propios de la Generalitat, como el resto de los funcionarios, están perfectamente capacitados para restablecer la legalidad constitucional.