Imprescindible reforma local

Una de las reformas más ambiciosas del programa de gobierno de Mariano Rajoy, la de las administraciones locales, llegará este viernes al Consejo de Ministros tras una larga y cuidadosa elaboración que, desafortunadamente, no ha contado con el apoyo y el consenso del principal partido de la oposición, actitud que sólo se explica, dada la trascendencia del asunto, desde el oportunismo político. Aun así, la nueva ley de bases locales ha sido revisada y ajustada por los expertos de los distintos departamentos ministeriales concernidos y, por supuesto, cabe la adopción de otras modificaciones a lo largo del tramo parlamentario. El fin primordial de la reforma no es otro que el de aplicar criterios de racionalización en la administración de los 8.116 ayuntamientos españoles, que en su inmensa mayoría –el 95 por ciento– cuentan con menos de 20.000 habitantes. Al mismo tiempo, se trata de reducir entidades ineficientes, como algunas de las 1.492 mancomunidades existentes, cuyas funciones se solapan con las de las diputaciones provinciales. El desafío aceptado por el Gobierno de Mariano Rajoy es enorme, puesto que a nadie se le oculta el entramado de intereses y de sensibilidades que anida en el mapa municipal español. Pero es una reforma necesaria, que busca adelgazar la Administración local, ordenar sus cuentas y evitar caras duplicidades en la prestación de servicios. Según el último borrador de la reforma, examinado por la Comisión de Subsecretarios, que hoy publica LA RAZÓN, los ejes centrales del proyecto giran en torno a la reducción del desorbitado gasto municipal, más que a la intervención estatal en la tradicional autonomía de nuestros municipios. Así, se fija el tope de sueldo que podrán cobrar los alcaldes, que no superará los emolumentos de un secretario de Estado; se establece el porcentaje máximo de concejales con dedicación exclusiva en cada ayuntamiento, y se limita en función de la población censada el número de trabajadores eventuales. También se reduce de acuerdo a baremos objetivos el número de asesores, liberados sindicales y personal de confianza. Se establece, asimismo, el sueldo máximo y mínimo de los funcionarios municipales. No está cerrado, sin embargo, la reducción del número de concejales, objeto de una gran controversia con la Federación Española de Municipios y Provincias. El otro aspecto fundamental de la reforma es la delimitación de competencias. Sanidad, Educación y Servicios Sociales pasarán a depender de las comunidades autónomas, lo que supone descargar a los municipios de unos gastos redundantes en los Presupuestos Generales. Por último, y no menos importante, el Gobierno se hace garante de que los ejecutivos autonómicos cumplan con sus compromisos financieros con los ayuntamientos.