Opinión

Impunidad de los violentos

La Razón
La RazónLa Razón

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ciertamente ajena a los vericuetos del lenguaje forense, pero con una percepción racional de la realidad, parece inexplicable que unos individuos positivamente identificados por atacar en cuadrilla y causar lesiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, alterar el orden público en el marco de una manifestación autorizada y causar daños graves al patrimonio público puedan ser puestos en libertad por los jueces, sin más condiciones que la obligación de presentarse cuando se sustancie su proceso, tal y como hoy publica LA RAZÓN. Es, por lo tanto, evidente que si la letra y el espíritu de la ley vigente permite la práctica impunidad de estos vándalos, lo que, en parte, explica el aumento sostenido de la violencia callejera, se haga imperativa la reforma legal que devuelva a sus auténticos propietarios –los ciudadanos pacíficos– el dominio y disfrute de las vías públicas. Ayer, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial expresó dudas sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno. Algunas consideraciones de los vocales son razonables y deberían ser tenidas en cuenta por los redactores del anteproyecto. Al fin y al cabo, en una democracia consolidada como es la española, la elaboración y promulgación de las leyes sigue normas pautadas, con garantía de los derechos individuales. Lo fundamental es que no se pone en duda el fundamento de la reforma, que trata de adecuar los medios de defensa del orden público y las libertades ciudadanas a las nuevas amenazas. Sobran, pues, las actitudes fariseas de una izquierda, incluso parlamentaria, que no acaba de desprenderse de algunos de sus atavismos «revolucionarios» y siempre encuentra alguna justificación para unas actitudes y unos hechos profundamente antidemocráticos, como son los incidentes protagonizados el pasado sábado por los grupos antisistema de ultraizquierda y separatistas al término de la autodenominada «Marcha por la Dignidad». Y a este respecto, es importante no confundir planos ni prioridades, porque sin negar que pudieran producirse fallos de coordinación en el operativo policial, que tendrán que ser analizados y corregidos para el futuro por los responsables del Ministerio del Interior, lo fundamental es que el dispositivo de seguridad no tuvo responsabilidad alguna en los graves incidentes que, hay que recordarlo, dejaron más de sesenta agentes de la Policía heridos, sino que fueron premeditadamente provocados por la ultraizquierda que, desde hace tiempo, busca elevar el grado de tensión en las calles, en una táctica de provocación nada novedosa. Ahí está el problema, y sobre ese problema debe operar la Ley con todo su peso.