Inaceptable acoso a la justicia

Que la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, haya tenido que explicar en una comparecencia pública el acoso al que fue sometida tras una de las sesiones del juicio por el 9-N, explica por sí solo el desprecio que el independentismo está mostrando hacia la Justicia. Los manifestantes que acompañaron y aclamaron a Artur Mas hasta el Palacio de Justicia el pasado día 6 gritaban «fuera, fuera, fuera, la justicia española», que no es el mejor ejemplo que puede dar un ex presidente de la Generalitat que –por lo menos por vivir de una pensión pública y otras prestaciones del Estado– debería dar ejemplo de que sin defensa de la legalidad no hay democracia, ni española, ni catalana, ni de ningún otro lugar. No es extraño, pues, que exaltados, incluso pacíficos independentistas imbuidos de la religión nacionalista más intolerante, actúen contra un principio tan elemental como cumplir la Ley, lo único que nos hace iguales a todos los ciudadanos, sean de la condición que sean y hayan nacido donde hayan nacido. Y que lo hagan, además, con absoluta impunidad, como una demostración de que cuentan con el apoyo de la Generalitat y la comprensión del conjunto de la sociedad, aunque luego no se corresponda con la realidad. Sólo desde esta posición privilegiada puede entenderse que alguien se acerque a la fiscal jefe de Barcelona, la reconozca –«tú eres la Fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas»– y la insulte: «Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda vete de Cataluña, fuera», declaró en su comparecencia. La declaración de la fiscal Magaldi no debe echarse en saco roto y entrar a formar parte del capítulo de las denuncias olvidadas porque en ellas quieren verse los intereses oscuros del «españolismo», que es con lo que el nacionalismo y sus terminales zanjan cualquier ataque a las libertades públicas. No sólo la Generalitat no ha salido a condenar este incidente –que también obligó a que la Fiscalía General del Estado emitiese un comunicado–, sino que ha actuado con el silencio cómplice con el que se envía al ostracismo a los que osan denunciar los excesos del nacionalismo. Pero Magaldi no es político, como ella mismo recordó ayer, sino una representante de la Justicia, cuya misión, en contra del martirologio independentista, no es condenar, sino acusar. «Los que condenan o absuelven son los tribunales y los jueces», añadió. La Generalitat ha optado por la estrategia de la desobediencia, lo que le ofrece un rédito propagandístico muy vistoso, pero cuyas consecuencias pueden ser nefastas en un futuro. No existen leyes excepcionales para momentos excepcionales, que es a lo que aspiran las llamadas «leyes de desconexión», según han sido diseñadas por el cerebro jurídico del futuro Estado catalán, sino negación del Estado de Derecho. Y como esta es la base en la que se sustenta cualquier sistema de libertades, deben saber que el ataque permanente a la estabilidad democrática sólo puede tener consecuencias nefastas para las aspiraciones independentistas. El Tribunal Constitucional anuló ayer la resolución del Parlament del pasado 6 de octubre por la que se aprobaba un referéndum por la independencia de Cataluña a celebrar en 2017. Como era de esperar, la portavoz de la Generalitat ha anunciado que no tendrán en cuenta dicha anulación y que se mantiene el referéndum y la hoja de ruta independentista. De esta manera, vuelve a repetirse la misma dinámica abierta con la consulta del 9-N y se abre un futuro incierto para el independentismo, que sólo puede ofrecer el espacio de la ilegalidad. No deberían olvidar sus dirigentes que, a diferencia de las personas, los poderes públicos sólo pueden actuar si una ley se lo permite.