Inadmisible golpe a la democracia

Por más perplejidad que nos produzca, la «hoja de ruta» del nacionalismo catalán va quemando etapas. Lo realmente extraño es que esta «revolución de la sonrisa» –como la definen sus líderes más visionarios– se va desarrollando dentro de una burbuja en la que es posible anunciar la «desconexión» con el Estado español, pero seguir enchufados a efectos de la vida práctica, tanto legal como económica y financieramente. Ayer, los dos grupos políticos que forman la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña, Junts pel Sí, la coalición por la que se ha presentado Mas, y los anticapitalistas de la CUP, dieron un paso más al tramitar una proposición de ley en la que se atribuyen el mandato democrático para que «Cataluña se convierta en un Estado independiente», iniciando así un «proceso constituyente». El futuro Estado será una República, como ya han anunciado. Por supuesto, dicha ruptura no se «supeditará a las decisiones del Estado español». Es decir, no se cumplirán las leyes, aunque, en tanto que españolas, son también catalanas, algo que es imposible porque supondría la ruptura del principio de legalidad sobre el que se sustentan las democracias. Un principio tan básico deberían entenderlo políticos que llevan treinta años en la Generalitat, que es el poder del Estado en Cataluña, aunque se empeñan en no cumplirlo mientras están instalados en esa burbuja que se sigue sosteniendo sobre la gran falacia de negar que la soberanía del pueblo español es exclusiva e indivisible. Mariano Rajoy salió ayer al paso de esta proposición de ley, a la que definió de «provocación», es decir, una vergonzosa incitación al Gobierno y a los poderes del Estado a emplear medidas extraordinarias que sólo sirvan para alimentar su propio victimismo. Rajoy se comprometió a que mientras él sea presidente del Gobierno de «una nación de ciudadanos libres e iguales la justicia prevalecerá a la sinrazón». No es una declaración simplemente formal, ya que en ella está en juego el presente y futuro de nuestro país y la intención de quebrarlo por el eje que nos estructura como sociedad libre: la ley y la democracia. No olvidemos que el independentismo catalán busca romper España para imponer la «voluntad del pueblo catalán» –pero sólo la de los representados por los partidos nacionalistas– por encima de la Constitución y de la legalidad vigente. A estas alturas del «proceso», en el que se ha infringido la ley reiteradamente o se ha burlado con estratagemas impropias de unos responsables públicos, ya no es suficiente hablar de principios democráticos. Hay que defenderlos de la misma manera que se han defendido en otros momentos de nuestra historia reciente. En este sentido, cuando Rajoy habló ayer de que «quienes quieran separar o dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr» hay un llamamiento a defender nuestra democracia, la única línea que no se puede sobrepasar. De ahí, la reciente reforma del TC permite al Alto Tribunal poder ejecutivo para hacer cumplir la ley a los responsables públicos. Mas es responsable de esta situación, que, además, se ha agudizado por su dependencia de la CUP, que ha exigido que en el plazo de treinta días se tramiten las «leyes del proceso constituyente» y, en concreto, la de seguridad social y hacienda pública. Nada más y nada menos. Rajoy ha abierto un canal de comunicación directa con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, algo que da medida del momento crucial en el que nos encontramos. Estamos ante un desafío que debe afrontarse no desde posiciones ambiguas y tacticistas, sino desde el principio de defensa de nuestra democracia.