Independencia y violencia necesaria

La declaración ayer en el Tribunal Supremo del que fuera segundo en el escalafón de mando de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, apuntala la acusación de rebelión que mantiene la Fiscalía en el proceso del 1-O. Se trataba de un capítulo ya conocido y del que otros altos mandos de la policía autonómica han hablado a lo largo de la vista oral: la reunión que estos mantuvieron con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn en el Palacio de la Generalitat el 28 de septiembre de 2017. En ella expusieron el escenario de violencia que se abriría si se mantenía la convocatoria del referéndum, a lo que Puigdemont respondió que, en caso de ser así, declararía la independencia. «Recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía el escenario que nosotros preveíamos en ese momento declaraba la independencia», según palabras textuales de Ferran López. De la gravedad de las pretensiones del presidente de la Generalitat dejó constancia el propio mando policial cuando preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre si tan claramente lo dijo: «Lo recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar». La conclusión que se puede extraer es preocupante para los encausados, y es que, por primera vez, se vincula directamente violencia con el referéndum, principio por el que se sustenta el delito de rebelión. A pesar de que se trasladó al presidente de la Generalitat, vicepresidente y consejero de Interior que habría incidentes el día de la votación, ésta se llevó a cabo, por lo que la responsabilidad de los enfrentamientos recaería sobre el gobierno de la Generalitat al negarse a desconvocar la jornada. Después de todo, a lo largo de la vista oral y de lo sucedido aquel mismo día, se van asentando las pruebas de que el 1-O nunca fue un plebiscito reglamentario con todas las garantías, sino un acto de rebelión contra el orden constitucional que podía derivar en violencia, algo que los organizadores no evitaron, muy al contrario. Al margen de las dudas que existen sobre la inacción de los Mossos el 1-O, según los testigos que han declarado en el Tribunal Supremo –especialmente todos altos mandos que habían asistido o conocían el contenido de la reunión con Puigdemont el 28 de septiembre– había una gran preocupación porque conocían sobre el terreno la implicación del conjunto del independentismo, la ANC y Òmnium y su coordinación con la Generalitat. El riesgo, por lo tanto, era evidente, como declaró el comisario López: «Nos encaminábamos a un escenario de desórdenes y conflicto prácticamente seguro..., que habría una alta movilización y resistencia». Quedó confirmado que la llamada «resistencia pasiva» ante una fuerza que actuó por mandato judicial acabó siendo un aprovechamiento perverso por parte de los independentistas de la violencia, que debería ser puesta por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Al final, Puigdemont cumplió lo prometido y declaró la independencia. Al día siguiente se produjo su vergonzosa fuga. Lo que Ferran López no aclaró es el capítulo que ha empañado el historial de los Mossos y que tanto él como el mayor Josep Lluís Trapero intentan limpiar. Reconoció que lo acordado con el Ministerio del Interior era evitar que los colegios electorales abrieran, pero abrieron, y según los guardias civiles que han declarado en las últimas semanas, la colaboración de los Mossos sobre el terreno fue nula, cuando no permitieron y favorecieron el desarrollo del referéndum. Ahora le corresponde al tribunal valorar la credibilidad de la declaración de López y Trapero, en tanto que ambos tienen causas abiertas en la Audiencia Nacional y en un juzgado de Cornellá, respectivamente, por el papel desempeñado por la policía autonómica. El juicio ha entrado en una fase en la que empieza a sustanciarse los delitos más graves.